Obra estatal en San Luis Potosí bajo cuestionamientos por presunto ecocidio y falta de permisos ambientales
El proyecto, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), contempla la pavimentación de 9.5 kilómetros entre el entronque del bulevar Río Santiago con el Periférico Sur y el poblado de Palma de la Cruz, así como la canalización de aguas negras que corren por el cauce del río. No obstante, el desarrollo avanza en medio de denuncias por la tala indiscriminada de árboles y la destrucción de vegetación, sin que se haya hecho pública una autorización oficial de impacto ambiental.
El investigador Alfredo Ávila Galarza, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), afirmó que muchas de las obras públicas en los tres niveles de gobierno operan sin permisos ambientales, y esta no parece ser la excepción.
“La Seduvop debió tramitar una evaluación de impacto ambiental ante la Semarnat. De no contar con ella, el proyecto estaría incurriendo en un acto ilegal que afecta gravemente el entorno”, advirtió el académico.
Ávila Galarza lamentó que las consecuencias de esta práctica recurrente no se limitan a la alteración del paisaje, sino que representan una pérdida irreparable para suelos, cuerpos de agua, calidad del aire, flora, fauna e incluso el bienestar de comunidades enteras.
El proyecto, que en 2024 recibió un contrato por mil 025.9 millones de pesos, fue asignado a las constructoras tabasqueñas MB Construcciones y Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria Jiménez y Falcón. Sin embargo, ha llamado la atención que una de las propiedades beneficiadas directamente por la obra sea un rancho vinculado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la senadora Ruth González Silva, donde opera el equipo charro RG2, del cual ambos son propietarios.
Esta relación ha incrementado el escepticismo sobre la transparencia y el interés público de la obra, y ha avivado el reclamo de quienes exigen un desarrollo sustentable y con apego estricto a la ley.
Exigen rendición de cuentas
Diversos sectores sociales, incluyendo organizaciones ambientalistas y comunidades aledañas, han exigido a las autoridades detener la obra hasta esclarecer si cuenta con los estudios y permisos correspondientes, así como abrir el proyecto a evaluación técnica independiente y consulta ciudadana.
Mientras tanto, el avance de maquinaria pesada continúa transformando el entorno natural, sin que haya claridad sobre las medidas de mitigación ambiental o la viabilidad ecológica del proyecto.
No hay comentarios