México enfrenta a fabricantes de armas en la Corte Suprema de EE.UU. en una batalla legal sin precedentes

Estados Unidos, a 4 de marzo del 2025.- Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos analiza la demanda interpuesta por el gobierno de México contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. El país exige una indemnización de 10 mil millones de dólares por los daños derivados del tráfico ilegal de armas que, según argumenta, han alimentado la violencia y el crimen organizado en territorio mexicano.

El litigio, iniciado en 2021, apunta a empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, además del distribuidor y vendedor Interstate Arms. México sostiene que estas compañías han operado de manera "negligente e ilícita", facilitando con sus prácticas comerciales el flujo de armamento hacia grupos criminales en el país.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el máximo tribunal estadounidense debe decidir si desestima el caso o permite que siga su curso. En 2022, un juez federal desestimó la demanda bajo el argumento de que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), aprobada en 2005, exime a los fabricantes de responsabilidad civil por el uso indebido de sus productos. Sin embargo, una Corte de Apelaciones reactivó el proceso al considerar que existe una excepción aplicable en este caso.

Alejandro Celorio Alcántara, exasesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, explicó que la Corte Suprema no analizará el fondo del asunto, sino la decisión de la Corte de Apelaciones. Para que el caso avance, México deberá demostrar que las empresas acusadas "auxilian e instigan" el tráfico ilegal de armas y establecer un vínculo de causalidad entre sus prácticas comerciales y los daños generados en el país.

Según datos oficiales, el 72% de las armas encontradas en escenas del crimen en México provienen de empresas estadounidenses. Cada año, alrededor de medio millón de armas ingresan ilegalmente desde Estados Unidos, fortaleciendo a los cárteles y contribuyendo a la escalada de violencia en el país. Entre las principales preocupaciones de las autoridades mexicanas está la producción y venta de rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad sin restricciones de distribución, lo que facilita su acceso a organizaciones delictivas.

El fallo de la Corte Suprema se espera antes del verano y podría sentar un precedente histórico en la lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de los fabricantes en la violencia transnacional.