Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco en la Mira de la Auditoría Superior de la Federación por Desvíos Millonarios
En Veracruz, la ASF identificó irregularidades por un total de 1,195.7 millones de pesos, derivados de 11 contratos relacionados con los Servicios de Salud del estado. La auditoría forense 2023-E-30007-23-2062-2024 reveló faltantes importantes, entre ellos, 481.2 millones de pesos en dos contratos por asignación directa para la provisión de pruebas de laboratorio que, según las investigaciones, no fueron entregadas a las unidades médicas correspondientes. Además, los trabajos de limpieza, adjudicados a una empresa fantasma sin experiencia comprobada, involucraron pagos de hasta 303.6 millones de pesos, sin evidencia de los servicios prestados.
Estas irregularidades recuerdan las peores prácticas del gobierno de Javier Duarte (2010-2016), cuyas gestiones también estuvieron marcadas por desvíos en recursos destinados a la salud, afectando la atención médica y el suministro de medicamentos.
En paralelo, en Morelos, la auditoría realizada a los Servicios de Salud del estado detectó un faltante de 717.7 millones de pesos. De esta cifra, 418.1 millones corresponden a falta de evidencia de bienes o servicios entregados, 189.9 millones a equipos médicos que no están en funcionamiento y 109.5 millones a una obra que no cumplió con las condiciones establecidas en el convenio. La gestión de Cuauhtémoc Blanco, al igual que en Veracruz, está siendo señalada por la falta de transparencia y la posible malversación de recursos federales destinados al sector salud.
Este escándalo de desvíos de recursos coincide con un contexto tenso para el gobierno de la Cuarta Transformación, marcado por la creciente presión de la ASF. A medida que se acerca el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las auditorías forenses han aumentado significativamente, pasando de siete u ocho auditorías anuales en los primeros años de la administración a 29 en 2023, el número más alto en la historia de la ASF. Las auditorías forenses son investigaciones profundas que solo se llevan a cabo cuando existen indicios de fraude o actos de corrupción orquestados por funcionarios públicos.
La situación también se da en un contexto judicial complicado, ya que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra prófugo de la justicia tras una orden de aprehensión por el mal uso de recursos federales. Este incremento en las investigaciones refleja un aparente aumento en los actos de corrupción dentro de los gobiernos estatales, lo que deja en evidencia una tendencia preocupante de desvío de recursos que afecta directamente a sectores clave como la salud y la infraestructura pública.
Las auditorías forenses, que involucran a expertos en contabilidad, criminología, informática, y hasta psicología, han logrado desentrañar una serie de inconsistencias que cuestionan la correcta utilización del presupuesto en Veracruz y Morelos. Estos hallazgos podrían tener repercusiones importantes en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y en el futuro político de ambos gobernadores.
Conforme avanza la investigación, la ciudadanía y la clase política esperan respuestas claras sobre los responsables de estos desvíos millonarios y las medidas que se tomarán para garantizar que los recursos públicos se utilicen adecuadamente en beneficio de la población.
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