Cámara de Diputados aprueba reformas históricas para pueblos indígenas y afromexicanos: Reconocimiento pleno de sus derechos

México, a 19 de septiembre del 2024.- En una votación que marca un hito en la historia legislativa de México, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Con un respaldo abrumador, el pleno aprobó la iniciativa con 492 votos en lo general y, posteriormente, por unanimidad con 483 votos en lo particular. El proyecto, que busca reconocer plenamente los derechos de estas comunidades, ahora ha sido turnado al Senado para su análisis final.

Esta reforma histórica, enviada por el presidente de la República el pasado 5 de febrero, modifica el artículo segundo de la Constitución y representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes, durante siglos, han sido marginados y discriminados. La reforma garantiza su reconocimiento como **sujetos de derecho público**, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propio, además de asegurar su derecho a la consulta sobre cualquier medida administrativa o legislativa que afecte significativamente su vida o su entorno.

La aprobación de estas reformas supone un avance hacia la justicia social para más de 25 millones de mexicanos que pertenecen a los 68 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. Entre los principales derechos que ahora se reconocen, destaca el **derecho a ser consultados** sobre medidas que impacten directamente en sus territorios y su vida cotidiana, así como la capacidad de decidir conforme a sus propios sistemas normativos. Esto significa que podrán organizarse política, social y culturalmente bajo sus propias formas de gobierno, siempre respetando los principios establecidos en la Constitución.

Además, las comunidades tendrán derecho a recibir beneficios en caso de que terceros obtengan algún lucro derivado de actos administrativos expedidos a su favor. Esto, según la reforma, es un paso crucial para asegurar que los pueblos indígenas y afromexicanos puedan participar y beneficiarse de decisiones económicas que afectan a sus tierras y recursos.

La diputada Irma Juan Carlos, del partido Morena y ferviente defensora de los derechos indígenas, expresó con emoción lo que esta reforma significa para las comunidades históricamente marginadas de México. “Hoy es un día histórico que quedará grabado en nuestras mentes y corazones como el momento en que, después de más de cinco siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución. Reafirmamos que la grandeza de México está en la gran diversidad de pueblos y culturas que lo conforman”, declaró en el pleno.

Las palabras de Juan Carlos resonaron profundamente en el Congreso, donde muchos diputados coincidieron en la importancia de reconocer el papel central que los pueblos originarios y afromexicanos han jugado en la construcción de la nación mexicana. Las reformas son vistas como un primer paso hacia la reconciliación con las comunidades que han sido, por generaciones, relegadas a un segundo plano.

Sin embargo, no todo fue celebración. La diputada Genoveva Huerta, del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la eficacia de las políticas gubernamentales actuales para enfrentar las carencias de estas comunidades. “En México radican 68 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, quienes en su conjunto representan más de 25 millones de personas, de las cuales, al iniciar este gobierno, poco más de 10 millones padecían alguna carencia, ya sea en educación, en salud, en vivienda, en seguridad social, servicios básicos o de alimentación. Cuatro años después, esta cifra ha aumentado a más de 11 millones, según datos del Coneval”, argumentó Huerta.

Sus declaraciones subrayaron una preocupación recurrente en la oposición: el creciente número de personas en situación de pobreza en estas comunidades, a pesar de las políticas sociales implementadas. Aunque apoyaron la reforma, los legisladores del PAN llamaron al gobierno a redoblar esfuerzos para que los derechos constitucionales recién reconocidos se traduzcan en mejoras tangibles en la calidad de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos.

La iniciativa ahora se encuentra en manos del Senado, donde se espera un análisis profundo y detallado de las implicaciones de esta reforma. Si se aprueba, el siguiente paso será la implementación de mecanismos que garanticen que los derechos de las comunidades sean respetados y promovidos a nivel local y nacional. Esto incluirá, entre otras cosas, la creación de procedimientos claros para consultas a los pueblos y comunidades, así como la asignación de recursos que permitan fortalecer su autonomía y participación en la vida política y económica del país.

Aunque la reforma es sin duda un avance, el verdadero desafío será garantizar su efectiva implementación. Los defensores de los derechos indígenas y afromexicanos señalan que las leyes por sí solas no bastan: será fundamental que los gobiernos locales, estatales y federales trabajen de manera conjunta con las comunidades para hacer realidad los derechos recién reconocidos.

La atención se centrará en el seguimiento de las políticas públicas que resulten de esta reforma y en la creación de espacios de participación donde los pueblos indígenas y afromexicanos puedan hacer valer sus derechos de manera efectiva. La expectativa es alta, y el camino hacia la equidad aún está lleno de desafíos, pero este cambio constitucional abre una puerta hacia una mayor inclusión y justicia para las comunidades más antiguas de México.

Con la mirada puesta en el futuro, millones de personas de estas comunidades esperan que esta reforma sea el primer paso hacia una verdadera transformación social que reconozca y respete la riqueza cultural y la diversidad de México.