Trámites y costos ahogan a emprendedores: ANPEC

Por Guillermo González Hudson / Diario de Querétaro

Querétaro, a 1 de mayo del 2024.- Trámites, costos y coyotaje ahogan y disuaden a los pequeños emprendedores, que se deben enfrentar a la burocracia cuando intentan poner en práctica sus planes de negocio, alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Los emprendedores se topan con un muro de trámites demandando cada uno de ellos un universo de requisitos difíciles de cumplir, además de altos costos y ventanas de tiempo caprichosas, circunstancia que finalmente termina exigiendo del apoyo de un gestor (coyotaje) que conlleva un costo adicional”, indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Ello, debido a que la oportunidad de dar seguimiento puntual a los procesos de esta compleja tramitología por pie propio, exige paciencia y tiempo que no se dispone por parte del emprendedor que se encuentra ante la disyuntiva de trabajar o dejar de hacerlo para ir a hacer colas e interminables salas de espera, explicó.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) realizó un estudio sobre los trámites, costos y tiempos que se requieren en cada una de las capitales de los estados para abrir un pequeño comercio, una tienda de abarrotes en este caso particular.

Entre los hallazgos, está el que quienes deciden abrir un negocio, deben enfrentarse con la tramitología, que el promedio nacional es de 6 trámites, aunque en ciudades como Tepic, Nayarit, es de 8.

Otro es el costo. A nivel nacional, el promedio de la tramitología es de 7 mil 43.45 pesos, pero en Chihuahua se dispara hasta los 17 mil 302 pesos. A lo que se suma el tiempo para su realización, cuyo promedio en el país es de 2.8 meses, pero en 8 estados oficialmente tardan 6 meses para otorgar los permisos.

De tal manera que, en México, los esfuerzos de simplificación administrativa, hasta ahora realizados, no corresponden con la dinámica del mercado, señala.

“Sobra decir que la tramititis representa una forma de corrupción en México, donde prevalece la idea de cómo obstaculizar la legalidad. Pareciera que en los hechos los distintos niveles de gobierno buscan impedir que la gente trabaje dentro de la ley so pretexto de cualquier cosa, anteponiéndose un conjunto de requisitos que se conforman como un gran muro de contención al emprendimiento y al quehacer productivo, que provoca un descarrilamiento deliberado de la actividad social económica hacia la informalidad. Informalidad que es inflacionaria y que, junto a la inseguridad, las elecciones y la guerra, sostienen un escenario de incertidumbre y encarecimiento del consumo esencial de la población”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.