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Protestas y Descontento en Campeche: Policías Estatales Salen a las Calles a “Botear” por Falta de Pagos

Campeche,
a 24 de mayo del 2024.- En un dramático giro de los acontecimientos, alrededor de 800 policías de seguridad estatal de Campeche se han visto obligados a salir a las calles a “botear” para conseguir recursos, luego de casi dos meses sin recibir sus pagos quincenales ni apoyos extraordinarios por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche (Sefin). La protesta, que ha escalado en intensidad, comenzó el pasado 16 de marzo en respuesta a un operativo fallido en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Kobén.

Raíces del Conflicto

El conflicto se desató el 15 de marzo cuando la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), Marcela Muñoz Martínez, ordenó la extracción de prisioneros del principal penal de Campeche. La operación, marcada por graves errores, resultó en al menos 50 lesionados. Este incidente provocó que los policías tomaran las instalaciones del CERESO el 16 de marzo, desencadenando tres marchas masivas en las que participaron líderes y candidatos de oposición. Durante estas marchas, se lanzaron consignas contra la gobernadora Layda Sansores San Román por mantener en su cargo a Muñoz Martínez, y se solicitó un voto de castigo contra Morena.

Enfrentamientos y Violencia

La situación alcanzó un punto crítico el lunes pasado cuando Víctor Sánchez Ortiz, entonces director de Asuntos Internos de la SPSC, se vio envuelto en una pelea con policías inconformes que acudieron a la sede alterna de la dependencia en la Academia de Policía para reclamar el pago de las quincenas de 90 elementos y los apoyos económicos para más de 800 policías. El enfrentamiento dejó al menos cuatro personas golpeadas, entre ellas dos mujeres y un periodista cuya cámara fue rota por Sánchez Ortiz, quien ya presentó una demanda en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las mujeres lesionadas fueron identificadas como María Candelaria Castillo Pérez, una de los siete policías cesados por órdenes de Muñoz Martínez, y Guadalupe Moral López. Tras el incidente, Sánchez Ortiz fue relevado de su cargo por el subsecretario de Participación Ciudadana, Prevención del Delito y Atención a Víctimas, Jesús Contreras Ramírez.

Reacciones Oficiales y Desconfianza

En respuesta a las protestas, los manifestantes recibieron un oficio, el SG/OT/090/2024, del secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo estatal, Armando Toledo Jamit, informando sobre una propuesta de reunión interinstitucional entre la Unidad de Protección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y los policías. Sin embargo, los elementos de seguridad deben nombrar una comisión representativa para asistir a la reunión. Los policías, descontentos y desconfiados, recordaron que en una reunión anterior ya habían nombrado a siete representantes, quienes luego fueron despedidos.

José Alejandro Grajales Chab, uno de los voceros del movimiento, expresó sus dudas sobre nombrar nuevos representantes. Sin embargo, afirmó que responderán al oficio con pruebas cronológicas de lo que consideran agravios en contra de los más de 800 manifestantes que aún permanecen en protesta, pese a que unos 400 ya han abandonado la manifestación.

Denuncias y Persecuciones

El policía Joaquín Chan Ehuán denunció públicamente que elementos ministeriales de la Fiscalía General estatal lo persiguieron desde una camioneta con placas CR 8122A, exigiendo la entrega de la patrulla 667 a su cargo bajo una orden presuntamente emitida por un juez. Chan Ehuán se refugió en su domicilio, pero los agentes continuaron la persecución, mostrando un documento y afirmando que se trataba de una orden judicial para recuperar el vehículo oficial.

Desde el 17 de abril, la SPSC ha intentado retirar motocicletas, autos y camionetas utilizadas por los manifestantes para patrullar la ciudad. El oficial Arturo Martínez Pech mencionó que les habían reclamado “400 unidades vehiculares, pero sólo existen menos de 100 en todo el estado”.

Un Llamado a la Acción

El conflicto, que ya lleva 67 días, pone de manifiesto las profundas divisiones y la creciente desesperación entre los policías estatales de Campeche. Mientras continúan las protestas y las tensiones aumentan, la comunidad sigue observando de cerca, esperando una resolución que ponga fin a esta crisis y asegure el bienestar y los derechos de quienes arriesgan sus vidas para mantener la seguridad pública.

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