Posible Daño Patrimonial de Más de 80 Millones de Pesos en el Poder Judicial de Veracruz, Revela Auditoría Superior de la Federación

Veracruz, a 8 de marzo del 2024.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, anunció que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado un posible daño patrimonial en la cuenta pública 2021 del Poder Judicial de Veracruz, ascendiendo a más de 80 millones de pesos. Estas observaciones se suman a otras ya realizadas anteriormente en el mes de febrero.

La magistrada explicó que, tras ser notificados de la falta de solventación de los recursos durante la gestión de la magistrada Isabel Romero Cruz, enviaron los documentos requeridos. Sin embargo, la ASF determinó que la documentación presentada no era suficiente.

"Fuimos notificados, se le fue haciendo todo el seguimiento, enviamos la documentación para solventar, y la ASF determinó que esa documentación no era suficiente", señaló Jiménez Aguirre en entrevista.

Ante estas observaciones, la magistrada indicó que corresponderá a la Auditoría presentar las denuncias penales correspondientes. Además, aclaró que el Poder Judicial también presentará denuncias penales por el presunto mal uso de recursos públicos federales.

"Aclaró que el Poder Judicial sí presentará también denuncias penales por el presunto mal uso de recursos públicos federales", afirmó Jiménez Aguirre.

Estos señalamientos forman parte de la tercera entrega del Informe de Seguimiento de las Observaciones de la ASF, donde se observaron pagos excesivos a trabajadores y presuntas irregularidades en el proceso de contratación de obras y servicios.

La ASF auditó el capítulo de Servicios Personales, detectando pagos excesivos a trabajadores, movimientos de pago indebidos, y observaciones en el proceso de contratación de obras. Se identificaron pagos a trabajadores que superaban el tabulador establecido y contratos adjudicados directamente por montos que superan los 15 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia expresó que se iniciarán los procesos legales correspondientes para aclarar la situación y sancionar a los responsables. Las observaciones y señalamientos refuerzan la necesidad de una rendición de cuentas y una gestión transparente en las instituciones gubernamentales.