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Familia de Digna Ochoa Persiste en la Búsqueda de Justicia a 22 Años de su Muerte

Por Arquímedes González
Misantla, Ver., a 26 de septiembre del 2023.- La muerte de Digna Ochoa y Plácido, defensora de los derechos humanos, ocurrida hace 22 años, sigue siendo un tema de relevancia en México, en una entrevista reciente con Jesús Ochoa, hermano de Digna Ochoa, se destacó que el gobierno mexicano no ha cumplido en su totalidad con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionadas con este caso.

Según el maestro Ochoa y Placido, aunque algunas medidas se han implementado parcialmente, muchas otras aún están pendientes de ejecución, una de las recomendaciones clave de la CIDH fue que una calle en la Ciudad de México fuera nombrada en honor a Digna Ochoa, esto se logró el año pasado en la entrada principal del búnker donde trabajaba, pero en la ciudad de Misantla, donde ocurrió su asesinato, este homenaje aún está pendiente.

Además, la CIDH exigió que se reformara la legislación mexicana para asegurar la independencia de los servicios periciales con respecto al Ministerio Público, esta reforma aún no se ha realizado, a pesar de ser un requisito de la sentencia.

Jesús Ochoa también reveló que tiene pruebas significativas que aún no ha presentado ante las autoridades, estas pruebas, según él, implican a individuos específicos en el caso de su hermana y alega que entre ellos se encuentran miembros del ejército mexicano.

Sin embargo, Ochoa señaló que la Fiscalía General de la Ciudad de México ha mostrado poco interés en avanzar en la investigación y no ha permitido que presente estas pruebas, a pesar de los años transcurridos, la familia de Digna Ochoa y Plácido continúa luchando por la justicia y la verdad en este caso emblemático de violación de derechos humanos en México.

Este caso subraya la importancia de la perseverancia en la búsqueda de justicia, así como la necesidad de que el gobierno cumpla con las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos para abordar adecuadamente los casos de violaciones de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas.

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