Ciudad de México, a 8 de noviembre del 2022.- Siete días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descalificó la validez de información contenida en el reporte de la presidencia de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia y en el caso Ayotzinapa (Covaj), su titular el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, acusó una “intensa campaña” para desacreditar la investigación. El funcionario dijo que “era predecible”, pues según sus argumentos “hay reacción porque hay acciones concretas y se dejó atrás la simulación”.
“Se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la justicia en el Caso de Ayotzinapa, era totalmente predecible, estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder”.
“Se ha registrado una intensa campaña que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la justicia en el Caso de Ayotzinapa, era totalmente predecible, estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder”, dijo Encinas en un video publicado en su cuenta de Twitter.
Encinas aseguró que las personas que le apuestan a la impunidad, jamás se imaginaron que el gobierno de López Obrador tomaría “acciones y decisiones puntuales” para resolver de fondo la desaparición de los normalistas.
El 27 de septiembre de este año, a través de su colaboración semanal en el diario El Universal, el subsecretario atribuyó a un “coletazo del pasado” los cuestionamientos a su informe sobre la solidez de los señalamientos hacia personal militar, de la Policía Federal, de policías estatales y municipales, que llevaron a la conclusión de que la desaparición de los 43 normalistas fue un “crimen de Estado”.
El pasado 1 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del trabajo de Encinas, luego de que el GIEI puso en duda la veracidad de los mensajes de Whatsapp que daban cuenta en “tiempo real” de lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los expertos del GIEI informaron que tras someter a un análisis pericial forense 467 de las capturas de pantalla consideradas en el informe de la Covaj como nueva prueba, se evidenció que al menos 181 de ellos se encontraron discrepancias tecnológicas, pues “varios mensajes que fueron enviados en fechas posteriores a la generación del Screenshot, o sea la fecha de generación de la imagen es anterior a las fechas de creación y envío de mensajes”.
El 18 de agosto Encinas explicó que como Covaj puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en específico de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa, información para judicializar la responsabilidad de la desaparición y la construcción de la “verdad histórica” a 33 personas, entre ellas exfuncionarios públicos de dependencias federales, pero descartó que entre estas se encuentre el expresidente Enrique Peña Nieto.
Silencio y omisiones
En su edición 2397, Proceso dio a conocer que entre los documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya se encontraba una lista de cuestionamientos formulados por los padres y madres de los 43, dirigidos al secretario Luis Cresencio Sandoval, recurriendo a la Covaj como intermediaria, sin que se diera respuesta directa a los familiares.
De acuerdo con los correos enviados por la Covaj a Sandoval González, localizados por este semanario entre la documentación hackeada, se le requirió atender el requerimiento a través de oficios fechados el 13 y el 21 de marzo, así como el 15 de mayo de 2019, derivado de la publicación de información periodística que revelaba que Julio César López Patolzin, uno de los estudiantes desaparecidos, era informante del Ejército.
Hasta el 24 de mayo de ese año la Sedena respondió el cuestionario elaborado por los familiares de las víctimas, en un oficio dirigido a Encinas Rodríguez y firmado por el director general de Derechos Humanos, Aníbal Trujillo Sánchez.
El oficio DH-7390, al cual tuvo acceso este semanario, responde 12 preguntas. Resalta lo que la Sedena dijo en ese momento sobre la condición de López Patolzin, luego de que se hiciera público un video en el que se veía a su madre, Joaquina Patolzin, hablar con un oficial sobre el caso de su hijo y su labor como informante del Ejército.
Sobre este caso, abordado en más de dos de 15 fojas, se explica que López Patolzin ingresó a la Sedena el 16 de enero de 2009 como soldado de infantería del 50º Batallón de Infantería, con sede en Chilpancingo, “recibiendo su adiestramiento básico en el Centro de Adiestramiento Regional de Petatlán, Guerrero, y no contaba con algún curso de inteligencia militar”.
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