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jueves, 21 de octubre de 2021

Isabel Romero debe denunciar el saqueo y la corrupción en el TSJ: Ríos Uribe

Xalapa, Ver.,
a 21 de octubre del 2021.- El diputado local de Morena, Rubén Ríos Uribe, exhortó desde la tribuna del Congreso a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero Cruz, proceda a denunciar a los que saquearon al TSJ y ocasionaron la corrupción que llevó al Poder Judicial al déficit financiero superior a los $400 millones de pesos en este año 2021.

Igualmente, el legislador requirió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción investigar este desbalance en el presupuesto del TSJ, por el que los diputados aprobaron una ampliación presupuestal de $200 millones de pesos, aunque lo que se solicitaba eran más de $500 millones de pesos para poder cerrar el año.

"Quiero exhortar a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, al mismo Poder Judicial del Estado de Veracruz para que interponga las denuncias correspondientes, porque existe un déficit de más de 400 millones de pesos y ese dinero no puede salir de las arcas públicas para subsanar dicho saqueo sin que se vea un beneficio en favor de las y los veracruzanos".

Ríos Uribe aseguró que existe un compromiso entre las y los legisladores para que los ciudadanos no se vean afectados por la quiebra del Poder Judicial, por ello autorizaron una ampliación presupuestaria de 200 millones de pesos, aunque Romero Cruz solicitó más de 500 millones de pesos a los legisladores.

"Entonces creo yo que es momento de que le Fiscalía Anticorrupción exija y finque responsabilidades y ese dinero sea devuelto al pueblo de Veracruz y se aplique en favor de las y los veracruzanos", señaló.

En tales denuncias no habría que buscarle mucho sobre quienes serían los implicados en dicho saqueo al TSJ.

El principal sería Edel Álvarez Peña, responsable de los contratos leoninos que firmó como Presidente del Poder Judicial del Estado para la construcción de las Ciudades Judiciales durante el Yunato.

Luego seguiría Cuitláhuac García Jiménez y Eric Cisneros Burgos, quienes tendieron su manto protector al ordenarle a la depuesta expresidenta del TSJ Sofía Martínez Huerta para que "no barriera para atrás" ni investigara a Edel Álvarez Peña, esto tras un acuerdo para repartirse el millonario negocio entre Yunistas y Morenistas.

También resultaría embarrado José Luis Lima Franco, el Secretario de Finanzas y Planeación, quien modificó el criterio para interpretar la expresión “presupuesto general” lo que provocó que los entes autónomos con porcentaje fijo para su presupuesto, recibieran mucho menos de lo que en realidad les correspondía en el año 2021.

También en SEFIPLAN resultaría embarrado y denunciado Eleazar Guerrero Pérez (el primo cómodo) quien incrustó en la Dirección General de Administración (donde se maneja todo el presupuesto del TSJ) a su protegida en la persona de Joana Marlen Bautista Flores, quien inundó al TSJ de recomendados en puestos claves y con salarios elevados sin contar con el perfil requerido para los cargos. Ella gana más de $90,000 mil pesos al mes. 

Y finalmente la propia magistrada Isabel Inés Romero, quien no defendió el presupuesto 2021 que le correspondía al Poder Judicial, y que, una vez enterada de lo que les tocaría no hizo un manejo eficiente, donde más de medio año después se dio cuenta de que no le alcanzaría para concluir el año 2021 tras un boquete financiero suprior a los $400 millones de pesos.

El Poder Judicial de Veracruz se cae a pedazos, y lejos de mejorar, una visión al futuro inmediato advierte que las cosas se pondrán mucho peor.

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