Observa Orfis daño patrimonial de la Contraloría General del Estado por más de 8.5 millones de pesos

Por Isabel Ortega. 

Xalapa, Ver., a 7 de noviembre del 2017.- El auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vásquez aseguró que ellos observaron y sustentaron el presunto daño patrimonial de la Contraloría General del Estado por más de 8.5 millones de pesos.

Al mantener la postura del Informe que emitió al Congreso local, aseguró que es responsabilidad de los legisladores el haber sacado del listado de entes observados a la dependencia a cargo de Ricardo García Guzmán, papá del diputado Rodrigo García, quien forma parte de la comisión de Vigilancia.

Evadió opinar si los legisladores demeritan el trabajo de auditoría que realizó el Orfis, al sacar a dicho ente de la lista negra de los que malversaron los fondos públicos, sin embargo, recordó que es su potestad.

Señaló que los ex funcionarios ya no podrán ser denunciados por el mal manejo, ya que desde el punto de vista de los legisladores los funcionarios de la Contraloría, justificaron la aplicación de los recursos.

“El dictamen señala que el área técnica de la comisión de Vigilancia consideró que ellos solventaron el presunto daño”, dijo y comentó que ellos tomaron la decisión tras recibir documentación.

Evitó opinar porqué solo tres entes y 22 municipios fueron excluidos de los entes con daño patrimonial, pues él no estuvo presente en la reunión de trabajo en la que se tomó la decisión de parte de los legisladores locales.

“Para nosotros el daño está señalado, sustentado y documentado”, insistió el funcionario del ORFIS.

En otro tema comentó que será la próxima semana cuando el Órgano de Fiscalización presente denuncias penales contra los 11 entes que malversaron más de 5 mil millones en el ejercicio fiscal 2016.

Los legisladores consideraron que será muy difícil poder justificar el manejo de los fondos públicos, por lo que pidió tomar acciones legales para intentar recuperar lo desviado.

Explicó que en este momento están en la fase de notificación del dictamen de la Cuenta Pública que aprobó el Congreso local, como parte de la segunda fase de la fiscalización, a quienes no aprobaron el manejo financiero para que puedan presentar pruebas y alegatos.

Y el ORFIS contará con un plazo de 45 días para determinar si es suficiente la documentación o en todo caso presentar denuncia penal por el desvío de fondos públicos.

Fuente: el demócrata