Declaración patrimonial de Duarte, otra mentira más, increpa MIYULI

Por Martín Dávila. 

Veracruz, Ver., a 29 de Julio de 2016.-  Ahora que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, presentó su declaración patrimonial para demostrar que no existe un enriquecimiento ilícito de su parte, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, cuestionó que por qué hasta ahorita el Ejecutivo en turno tomó esta decisión cuando era una obligación desde hace tiempo.

“La pregunta es ¿por qué no presentó el 3 de 3 cuando debía presentar?, y lo presenta cuando la Procuraduría General de la República (PGR) anuncia que lo está investigando, evidentemente el 3 de 3 es una mentira también, eso se acreditará cuando la Procuraduría lo consigne, cuando se proceda en contra, que es cuestión de poco tiempo, hay pruebas más que suficientes en México y en el extranjero para acreditar que hubo una desviación de recursos realmente multimillonaria, y que esos recursos fueron a parar a la bolsa de Duarte y de sus cómplices y eso lo sabe todo Veracruz y todo México. Hoy lo confirma el Auditor Superior de la Federación, y es un tema jurídico penal”, increpó.

Miguel Ángel Yúnes Linares, insistió que en la denuncia que presentó la PGR están las pruebas suficientes para comprobar que Javier Duarte de Ochoa, así como otros funcionarios de su confianza, cometieron actos ilícitos al adueñarse del dinero de los veracruzanos, incluso citó algunos ejemplos.

“En las 46 denuncias están todos los Secretarios de Finanzas de la administración de Fidel Herrera Beltrán y Duarte, están prácticamente todos los Secretarios de obras, está obviamente Flavino Ríos, Erick Lagos, Jorge Carvallo, Adolfo Mota, Edgar Espinoso, Tarek Abdala, están todos, realmente ha sido una banda la que se apoderó de Veracruz, esa es la situación. Pronto tendremos seguramente noticias más contundentes por parte de la PGR”, detalló.

El sucesor de Javier Duarte de Ochoa, aseguró que es tan contundente y evidente el hecho, que su propio partido ha pedido ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dé prioridad a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Presidencia de la República, para acreditar que las decisiones que tomó el Congreso local, a iniciativa del mandatario estatal son violatorias de la Constitución, por lo que seguramente se aplicarán las sanciones debidas.