En Guatemala, ¡linchan y queman vivo a alcalde!

Guatemala.

[14/10/15]

Un grupo de vecinos del municipio de Concepción sacó de su casa al alcalde de la localidad y lo golpeó y quemó hasta la muerte. La turba acusaba al político Bacilio Juracán Leja de ser el responsable del ataque que sufrió el ex candidato a la alcaldía Lorenzo Sequec Juracán, miembro del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien el domingo fue tiroteado cuando viajaba junto a su familia por una carretera cercana a la localidad.

Al parecer, un vehículo se atravesó en el camino bloqueándoles el paso y los ocupantes, una decena de personas, dispararon contra ellos, matando a Lesbia Noraida Sequec, de 17 años, y Hermelinda Toc Bocel, de 16, hija y sobrina de Sequec, respectivamente.

Al conocerse el crimen, un grupo de vecinos culpó al alcalde y acudieron a buscarlo a las viviendas de sus familiares, que prendieron al fuego al no hallarlo. Paralelamente, otro grupo de personas bloqueó todas las vías de acceso, para impedir el ingreso de las autoridades. Finalmente, la turba lo localizó en su domicilio y lo agredió hasta matarlo.

Juracán, miembro del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), había sido reelegido para un tercer mandato en las elecciones del pasado 6 de septiembre.

En el linchamiento también ardieron vehículos, la misma alcaldía y al menos otros seis edificios, incluyendo un restaurante y un internet café.

La impunidad del crimen en Guatemala ha convertido a los linchamientos en una práctica común. Un estudio de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) revela que desde 2008 hasta 2014, se han registrado 1.221 linchamientos. Hasta 236 de las víctimas murieron a manos de las turbas y 985 sufrieron golpes de diversa gravedad. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2015, 18 personas han sido asesinadas en linchamientos y 60 más lograron salvar la vida después de ser bárbaramente golpeadas.

De acuerdo al director del GAM, Mario Polanco, la población ha optado por “tomar justicia por propia mano, ante la incapacidad de las autoridades de cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía, y no imponer sanciones ejemplares a los delincuentes”.