Desde la creación de la CEAPP han sido asesinados 4 periodistas; Rubén no confiaba en ella
Por Mayela Sánchez
[06/08/15]
Desde que, en 2012,
el Congreso de Veracruz creó la Comisión
Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP), en esa entidad han sido
asesinados cuatro periodistas, además de que se han registrado al menos 70
agresiones contra comunicadores. A esos hechos se sumaría el
homicidio del fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, quien si bien fue asesinado en
el Distrito Federal, durante ocho años y hasta julio pasado trabajó en
Veracruz, y se encontraba en la capital del país por un exilio forzado, a causa
de las amenazas e intimidaciones que había sufrido en dicho estado.
Desde que estaba en
Veracruz, Espinosa Becerril había hecho públicas sus denuncias
sobre el hostigamiento que vivía –y del que acusaba directamente al gobierno
veracruzano, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa–, la CEAPP
reaccionó ante su caso sólo hasta dos días después de su asesinato, perpetrado
el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, junto con el
de cuatro mujeres.
El 2 de agosto, la CEAPP se pronunció sobre el hecho, pero sólo
a través de un escueto comunicado de tres párrafos. Desde
entonces, ni en su página de Internet ni en su cuenta de Twitter ha hecho algún
otro pronunciamiento sobre
el homicidio, no obstante que el crimen ha sacudido al gremio periodístico por
su posible relación con el trabajo de Espinosa Becerril y con las amenazas e
intimidaciones que precedieron su muerte.
De ese modo, mientras
que organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han
llamado a investigar la posible relación del crimen con el ejercicio de la
libertad de expresión, la instancia encargada de proteger a los periodistas en
Veracruz se limitó a condenar “enérgicamente” el asesinato del fotógrafo y
exigir a las autoridades de procuración de justicia del Distrito Federal llevar
a cabo, “con la debida diligencia, la investigación de los hechos para
identificar a los responsables y dilucidar las circunstancias que rodearon al
crimen”, sin referirse expresamente a cuáles eran esas circunstancias.
La CEAPP fue
constituida el 18 de diciembre de 2012 en el seno del Congreso de Veracruz,
pero a propuesta del Gobernador Duarte de Ochoa. Para ese momento, su gestión
(que inició en 2010) ya sumaba nueve periodistas asesinados. En los siguientes
años, con todo y que la CEAPP presumió de sentar “un precedente a nivel
mundial” en la tutela del ejercicio profesional de la libertad de expresión,
los homicidios de periodistas continuaron en la entidad, al igual que las
denuncias de agresiones físicas y materiales, intimidaciones, hostigamientos,
amenazas o ataques.
La propia Comisión ha
dado cuenta de ello en sus informes anuales de trabajo, correspondientes a los
años 2013 y 2014. Según sus cifras, en esos años ocurrieron cuando menos 70
agresiones contra periodistas: 26 en 2013 (por las cuales se interpusieron
sendas denuncias por la presunta comisión de delitos como daños, lesiones,
amenazas y robo) y 44 en 2014 (entre ellas agresiones físicas y materiales,
amenazas, intimidaciones, ataques cibernéticas y un desplazamiento forzado).
En esos informes, la
CEAPP también ha presumido su trabajo, que reporta en una numeralia sobre sus
acciones de prevención y protección. No obstante, eso no ha servido para que
Veracruz deje de ser considerada “la entidad más letal para los periodistas”,
para la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, como
señaló en un comunicado en el que refería que había cuando menos 37 casos de
desplazamiento forzado de periodistas de ese estado. El caso más reciente para
la organización era el de Espinosa Becerril, colaborador de la revista Proceso,
la agencia Cuartoscuro y la agencia AVC NoticiaLos resultados reportados por la
CEAPP en sus informes tampoco bastaron para que el fotógrafo confiara en esa
instancia para solicitarle protección. Y la Comisión no hizo nada por él, lo
que pudiera explicarse por sus propias limitaciones, pues de acuerdo con la ley
que la rige, sólo puede otorgar medidas de atención y protección a periodistas
en riesgo a petición de éstos.
“NO CREO EN LA CEAPP”
La desconfianza de Espinosa
Becerril hacia la
CEAPP fue explicada por él mismo en dos entrevistas: una con la periodista
Shaila Rosagel, para SinEmbargo, el 1 de julio, y otra con los periodistas
Daniela Pastrana y Luis Guillermo Hernández, de la Red de Periodistas de a Pie,
y que fue transmitida por Rompeviento TV el 9 de julio pasado. El fotógrafo
dijo abiertamente que no confiaba en la CEAPP, como en ninguna otra institución
del Estado.
Por esa falta de
confianza en las instancias públicas, explicó, no interpuso denuncia alguna,
aunque refirió que para entonces estaba en pláticas con el Mecanismo de
Protección a Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, además de
que había buscado a Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas,
así como a los medios con los que trabajaba.
En la charla con este
medio, espetó: “La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas no
sirve de nada […]. He venido acá y me preguntan si ya me acerqué a la Comisión.
No tienen idea de la corrupción que hay en esa Comisión. Yo no confío en
ninguna institución del Estado, no confío en el gobierno, temo por mis
compañeros, temo por mí. No es nada más Rubén, es familia, amigos, yo no quiero
perjudicar a nadie más con eso”.
En la siguiente
conversación, Rubén Espinosa ahondó en su razón para no creer en la CEAPP luego
de que Pastrana le preguntara si había tenido alguna respuesta de alguna
autoridad, político o instancia que hubiera tomado su caso, toda vez que para
entonces se había hecho público su situación de desplazado a causa de las
amenazas en Veracruz.
Él nuevamente abundó
en su postura respecto a la CEAPP.
“Quiero comentar que
por parte de la CEAPP, que es la Comisión Estatal para la Protección y Atención
a Periodistas, me hablaron tres o cuatro días después para preguntarme sobre el
caso. Es decir, yo no confío en la CEAPP, lo digo abiertamente, yo no creo que
funcione en realidad, creo que la gente que está ahí, a excepción de [el
comisionado] Jorge Morales, por ejemplo, él sí es una persona que está muy
cerca de nosotros en realidad”, expresó.
En ambas entrevistas,
el fotógrafo refirió una anécdota para explicar que su falta de confianza no
era sólo porque sí. Contó que luego del desalojo policial de maestros del 14 de
septiembre de 2013 en Xalapa -en el que se registraron detenciones arbitrarias
y agresiones a periodistas-, los policías les robaron equipo fotográfico. A un
compañero fotógrafo al que policías habían agredido con toletes eléctricos,
dijo, el enlace de prensa del gobierno estatal, Miguel Valera. lo llamó para
ofrecerle dinero. Cuando ese fotógrafo acudió a la CEAPP, contó Espinosa, le
aconsejaron que mejor aceptara el dinero y no hiciera escándalo por lo
ocurrido.
“Entonces, ¿a qué
grado nosotros estamos de indefensión?”, preguntó, a modo de conclusión, Rubén
Espinosa.
No fue ese el único
episodio, registrado por un periodista de la entidad, sobre cómo respondía la
CEAPP ante situaciones en las que se evidenciaba la vulnerabilidad de los
comunicadores.
De acuerdo con una
nota del reportero Noé Zavaleta, del semanario Proceso, Namiko Matzumoto
Benítez, Secretaria Técnica de la CEAPP cuando ésta aún operaba como una
comisión técnica, declaró poco antes de la creación formal de la Comisión que
ninguno de los reporteros exiliados había solicitado apoyo por temor a
desarrollar su trabajo en la entidad, sino que “se fueron porque quisieron”.
En otra ocasión,
continúa la nota de Zavaleta, Mutzamoto se reunió con periodistas en el puerto
de Veracruz, y pese a que la zona conturbada de esa área es la de mayor
peligrosidad y vulnerabilidad para los reporteros de la nota roja y guardias
nocturnas, los periodistas que cubren la fuente policiaca no fueron
invitados.
En enero de este año,
tras el asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez, la presidenta de
la CEAPP, Benita González Morales, dijo que buscarían crear un sistema estatal
de protección a periodistas.
Esa pretensión giraba
en torno a tres puntos importantes: que la CEAPP pudiera actuar de oficio y no
sólo a petición de parte; que pudiera tener acceso a las investigaciones
ministeriales abiertas de delitos contra periodistas, cuando el periodista
hubiera solicitado el acompañamiento de la Comisión; y que pudiera ordenar, y
no sólo recomendar, que se abrieran procedimientos sancionatorios contra
servidores públicos que agredan a periodistas.
Sin embargo, de ese
plan hasta ahora no se conoce ningún avance. De haberse concretado, quizá la
CEAPP hubiera otorgado algún tipo de atención y protección a Espinosa Becerril
aun sin que éste la solicitara formalmente, con todo y que su caso había sido
ampliamente difundido.
En la entrevista del
9 de julio, Espinosa Becerril había declarado: “No podemos hacer menos, en esta
situación, cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué
es lo que va a suceder”.
PRESUPUESTO
MILLONARIO
El Pleno de la CEAPP
está integrado por cuatro periodistas, dos representantes de organizaciones de
la sociedad civil relacionadas con el ejercicio periodístico, un académico representante
de la comunidad universitaria y dos propietarios de medios de información.
Todos ellos se desempeñan como comisionados y entre ellos eligen, de entre sus
pares, a quien se desempeña como presidente. También forman parte del Pleno,
con voz pero sin voto, los titulares de las dependencias responsables de la
comunicación social y la procuración de justicia en el estado, además de un
Secretario Ejecutivo.
Su presidenta es
Benita González Morales, ex directora de noticias y conductora del Sistema Informativo
Notisur, mientras que la académica Namiko Matzumoto Benítez funge como su
Secretaria Técnica.
Los comisionados son
Jorge Morales Vázquez, del sitio Plumas Libres; Rogelio Pano Rebolledo, de
Telever; Martín de Jesús García Pérez; Norma Gibb Guerrero, directora y dueña
del diario La Opinión, de Poza Rica; María del Roció Ojeda Callado, directora
de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad
Veracruzana; Gerardo Enríquez Aburto, presidente de la Asociación de Periodistas
de Coatzacoalcos y reportero del Diario del Istmo; y Jorge Iván García Morato,
conductor y coordinador de noticias de MVS Radio Poza Rica.
Desde su creación, la
CEAPP ha recibido 55 millones 100 mil pesos de presupuesto para su operación.
La mayor parte de ese dinero se ha gastado en Servicios Personales, rubro que
incluye los sueldos de su personal.
En 2013 se le
autorizó un presupuesto de 15 millones de pesos, de los que ejerció 14 millones
702 mil 196.83 pesos. La mayor parte (10 millones 959 mil 22.85 pesos) fueron
devengados en el rubro de servicios personales. En 2014, se le aprobó un
presupuesto de 20 millones de pesos, de los que se ejercieron 18 millones 567
mil 796.5 pesos. De ese monto, 15 millones 499 mil 519.12 fueron en servicios
personales.
Este año se le
autorizó un presupuesto de 20 millones 100 mil pesos, con 14
millones 845 mil pesos en servicios personales.
De acuerdo con la
información disponible en su portal, durante 2013, en viáticos y pasajes
nacionales, traslados locales y combustible y lubricantes para los servidores
administrativos se gastaron 372 mil 997.75 pesos. En 2014CE, lo gastado en los
mismos conceptos fue de 472 mil 495.74 pesos.
En sus informes de
labores, la CEAPP ha aportados cifras sobre las acciones emprendidas en la entidad
para atender y proteger a periodistas.
Durante su primer año
de trabajo, refirió que llevó a cabo 115 medidas preventivas y de protección,
41 atenciones, 99 gestiones, 157 asesorías y acompañamiento jurídico y 31
talleres y cursos de capacitación. También refirió que ese año inició 20
procedimientos de protección. Dos de ellos fueron sobreseídos, pero del resto
se determinó que en nueve el riesgo era alto, siete, moderado, y dos, leve. Dos
se reportaron concluidos, y del resto se reportó que estaban en “seguimiento y
análisis”.
De las 115 medidas
preventivas que realizó ese año, la CEAPP las clasificó como medidas “blandas”
y “duras”. Entre las medidas “duras” anotó 10 casos en los que se brindó
escolta de cuerpos especializados, nueve instalaciones de cámaras, cerraduras,
luces u otras medidas de seguridad, dos chalecos balísticos y un apoyo de
reubicación temporal.
En el caso de seis
periodistas que sufrieron desplazamiento forzado, el organismo presumió que
gracias a tu intervención, todos ellos regresaron a sus ciudades de origen.
Para el año
siguiente, presumió la CEAPP; su incidencia en el estado creció en 136 por
ciento. Ese año reportó 675 acciones en 92 municipios. En su numeralia
destacaron las 285 medidas de protección y 159 asesorías jurídicas y
acompañamientos legales, así como 90 gestiones, 71 atenciones y 70 talleres y
cursos de capacitación.
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