Semarnat autoriza con condicionantes el Parque Eólico IGU en el Istmo de Tehuantepec
Organizaciones advierten interrogantes sobre información social, régimen agrario y posibles impactos en los flujos de agua de la zona
Oaxaca, a 6 de octubre de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Parque Eólico IGU, promovido por la empresa Atlantica Sustainable Infrastructure, para desarrollarse en el Istmo de Tehuantepec.
El proyecto, identificado con la clave 20OA2026E0003, contempla la instalación de 17 aerogeneradores entre los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani, Oaxaca, con una capacidad prevista de 100 megawatts.
La resolución no representa un inicio automático de obras. El proyecto deberá cumplir una serie de condicionantes ambientales antes de comenzar su ejecución, entre ellas medidas relacionadas con el comportamiento del agua y la conservación de los escurrimientos naturales.
Una nueva apuesta energética en una zona ya marcada por proyectos eólicos
La iniciativa fue presentada ante Semarnat en enero de 2026 por Atlantica Sustainable Infrastructure, empresa de origen británico que actualmente cuenta con ocho proyectos en México: seis fotovoltaicos y dos eólicos.
El Parque Eólico IGU pretende establecerse en una superficie aproximada de 645 hectáreas, de las cuales 451 hectáreas corresponden a Juchitán de Zaragoza y 194 a Santa María Xadani.
El terreno tiene además un antecedente dentro de la expansión de la industria eólica en el Istmo, ya que anteriormente estaba contemplado para el proyecto Bii Sti Uguu, posteriormente cancelado.
La nueva propuesta busca aprovechar nuevamente el potencial eólico de la región, pero con infraestructura de mayores dimensiones, un aspecto que ha llamado la atención de organizaciones que han dado seguimiento al desarrollo energético en esta zona de Oaxaca.
Aerogeneradores de mayor escala
De acuerdo con la información proporcionada, cada uno de los 17 aerogeneradores tendría una altura de 119 metros, mientras que el área barrida por sus palas alcanzaría los 162 metros.
Cada equipo tendría una capacidad de generación de 6.5 megawatts, para alcanzar una capacidad total proyectada de 100 MW.
Para GeoComunes, las dimensiones previstas representan un elemento que debe analizarse dentro del contexto territorial del Istmo, particularmente por tratarse de infraestructura mayor a la instalada anteriormente en la región.
La discusión, por tanto, no se limita a la generación de energía. El tamaño de las estructuras implica también revisar sus efectos sobre el territorio, las comunidades y los sistemas naturales que convergen en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto.
El agua, entre las condicionantes ambientales
Uno de los aspectos establecidos por Semarnat antes del inicio de las obras es la elaboración de un estudio hidrológico.
También se contempla un programa destinado a conservar los escurrimientos superficiales, garantizar la continuidad de los flujos de agua y favorecer la recarga natural del acuífero.
Estas condicionantes adquieren especial relevancia porque cualquier modificación en los patrones naturales de escurrimiento puede tener efectos más allá de la superficie directamente ocupada por la infraestructura.
GeoComunes ha señalado que la información relacionada con estas posibles modificaciones debe estar disponible para las poblaciones que dependen de dichos recursos, particularmente para permitir una participación informada durante el desarrollo del proyecto.
Información social y participación comunitaria
Otro de los cuestionamientos planteados se relaciona con la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE).
De acuerdo con el análisis de GeoComunes, la Ley del Sector Eléctrico establece obligaciones de publicidad y acceso a este tipo de información; sin embargo, la organización señala que no existe una plataforma pública equivalente a la utilizada por Semarnat para consultar las Manifestaciones de Impacto Ambiental durante sus procesos de evaluación.
A juicio del colectivo, esta situación dificulta el acceso de las comunidades potencialmente afectadas a información necesaria para conocer los alcances sociales del proyecto.
El señalamiento coloca nuevamente sobre la mesa uno de los principales desafíos de los grandes proyectos energéticos en el Istmo: que la transición hacia nuevas fuentes de generación eléctrica avance acompañada de mecanismos claros de información, participación y conocimiento del territorio.
El antecedente agrario
El régimen de propiedad y uso de las tierras también forma parte de las interrogantes planteadas por GeoComunes.
La superficie donde se pretende desarrollar el proyecto se encuentra en una región con antecedentes de conflictos por tierras comunales y contratos de arrendamiento vinculados con empresas eólicas.
Por ello, organizaciones que han documentado la expansión de estos proyectos consideran necesario observar no solamente el cumplimiento de las disposiciones ambientales, sino también las condiciones sociales y agrarias que acompañan la ocupación del territorio.
La organización Educa sostuvo que el Parque Eólico IGU se incorpora a la expansión de proyectos energéticos en el Istmo y señaló que la nueva infraestructura debe analizarse considerando los conflictos agrarios, sociales y ambientales acumulados durante décadas de desarrollo eólico en la región.
Entre energía renovable y territorio
La autorización condicionada abre una nueva etapa para el Parque Eólico IGU, pero también mantiene abierta la discusión sobre la manera en que los grandes proyectos de generación eléctrica se integran a territorios donde existen comunidades, actividades productivas, recursos naturales y antecedentes de conflictos.
El reto será conciliar el aprovechamiento del potencial eólico del Istmo con la protección ambiental, el acceso a la información y las condiciones sociales y agrarias de las poblaciones involucradas.
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