Rapiña en accidentes ya será delito en Veracruz; habrá hasta cinco años de prisión
La medida contempla multas de hasta 500 UMA y también alcanza situaciones de emergencia; empresarios señalan zonas carreteras donde han identificado riesgos
Veracruz, a 6 de octubre de 2026.- El Congreso de Veracruz aprobó este martes 6 de octubre de 2026 reformas al Código Penal del estado para establecer sanciones específicas contra actos de rapiña cometidos durante accidentes, siniestros o hechos de tránsito.
La modificación contempla penas de dos a cinco años de prisión, además de multas de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes se apoderen de mercancías, objetos o bienes transportados en vehículos públicos o privados aprovechando las condiciones de vulnerabilidad, confusión o desorden generadas por un accidente o siniestro.
La iniciativa fue impulsada con participación de representantes de cámaras empresariales y el diputado local Omar Eduardo Blanco Martínez, en un contexto de reclamos del sector privado por pérdidas derivadas del saqueo de mercancías después de accidentes carreteros.
De la emergencia al aprovechamiento ilícito
La relevancia de la reforma radica en que busca diferenciar estos actos del escenario de emergencia que los propicia.
Un accidente en carretera puede dejar mercancía expuesta, vehículos inmovilizados y momentos de confusión. En ese contexto, el nuevo supuesto penal contempla el apoderamiento de bienes cuando alguien aprovecha deliberadamente esas circunstancias.
El sector empresarial ha señalado que situaciones similares también se han presentado durante desastres naturales, cuando establecimientos comerciales pueden quedar vulnerables y ser objeto de saqueos.
Para las empresas, transportistas y propietarios de mercancías, el problema no termina necesariamente con la pérdida física de los bienes: también puede generar complicaciones relacionadas con seguros, denuncias y recuperación del patrimonio.
Empresarios respaldan la modificación
El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa (Cemx), Bernardo Martínez Ríos, calificó la reforma como una medida oportuna y señaló que, de acuerdo con su planteamiento, Veracruz sería el sexto estado del país en contar con una legislación que contempla sanciones específicas para actos de rapiña.
El representante empresarial sostuvo que la conducta no se limita a los accidentes automovilísticos, pues también puede aparecer durante fenómenos naturales y otras situaciones de emergencia.
Martínez Ríos señaló además que las cámaras empresariales no tienen conocimiento de registros de personas que hayan sido sancionadas anteriormente por actos de rapiña o vandalismo cometidos en circunstancias similares.
Carreteras donde el sector identifica mayor riesgo
Los empresarios han señalado algunos puntos de la red carretera veracruzana donde consideran que existe mayor exposición a este tipo de hechos.
Entre ellos se encuentran:
· Las Altas Montañas, particularmente en la zona limítrofe entre Veracruz y Puebla.
· Diversas carreteras del sur de Veracruz.
La identificación de estos puntos no significa que en todos los accidentes ocurridos en esas zonas se produzcan actos de rapiña, sino que corresponden a lugares señalados por representantes empresariales como áreas de riesgo.
El fenómeno también pone sobre la mesa la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad alrededor de accidentes donde exista mercancía expuesta, particularmente cuando se trata de productos de alto valor o de cargas que pueden ser retiradas con facilidad.
El costo económico de la rapiña
Martínez Ríos ha advertido que el impacto alcanza a distintos sectores de la cadena logística: empresas propietarias de la mercancía, transportistas y compañías aseguradoras.
El representante empresarial también mencionó casos en los que, durante situaciones de emergencia, se han registrado daños a establecimientos mediante la ruptura de vidrios y posterior sustracción de mercancías.
Desde esta perspectiva, la reforma busca establecer una consecuencia penal más clara para una conducta que ocurre precisamente cuando las condiciones de emergencia reducen la capacidad inmediata de vigilancia y protección.
Una nueva herramienta legal
Con la modificación aprobada, quienes incurran en las conductas previstas podrán enfrentar las sanciones incorporadas al Código Penal estatal.
La reforma coloca así a la rapiña durante accidentes y siniestros dentro de un marco de sanción penal específico, al tiempo que incorpora al debate las situaciones de emergencia y los daños patrimoniales que, según el sector empresarial, se producen en esos escenarios.
El reto posterior será la aplicación efectiva de la norma: identificar a los responsables, acreditar las circunstancias en que ocurrió el apoderamiento y garantizar que las investigaciones se traduzcan, cuando corresponda, en procesos y sanciones conforme a derecho.
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