miércoles, 7 de octubre de 2026

ONU pide a Dinamarca y Groenlandia esclarecer la historia de la anticoncepción forzada de mujeres inuit

El llamado surge después de que un informe discrepante cuestionara si existió una política sistemática, pese a los testimonios directos recogidos por la ONU y al reconocimiento previo de las autoridades.
Ginebra, a 7 de octubre de 2026.- Expertos de Naciones Unidas reclamaron a los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia que esclarezcan plenamente la historia de la anticoncepción forzada que afectó durante décadas a mujeres y niñas inuit.

El caso se centra particularmente en la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU) a mujeres indígenas de Groenlandia sin que existiera un consentimiento informado, una práctica que, según los testimonios y antecedentes señalados por los expertos, llegó a involucrar incluso a niñas.

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia ya han reconocido estas prácticas y han ofrecido disculpas públicas. Sin embargo, el debate volvió a intensificarse tras la aparición de un informe elaborado por dos antiguos integrantes de un grupo de expertos creado por el Gobierno de Groenlandia.

Un informe que genera controversia

De acuerdo con los expertos de la ONU, ese documento pone en duda que las autoridades hubieran aplicado una política sistemática de anticoncepción sin consentimiento.

Ante esta situación, Naciones Unidas considera necesario que la investigación histórica continúe y que las distintas evidencias sean examinadas de manera integral, especialmente los testimonios de las propias mujeres afectadas.

Los expertos recuerdan que durante una visita realizada por la ONU en 2023, mujeres inuit denunciaron directamente haber sido sometidas a estas prácticas.

El contraste entre esos testimonios, el reconocimiento oficial de los gobiernos y las conclusiones discrepantes plantea la necesidad de profundizar en las responsabilidades institucionales y en las circunstancias en las que fueron tomadas las decisiones sobre la salud reproductiva de las mujeres indígenas.

No se trata solamente de los DIU

El llamado de los expertos también amplía el foco hacia otras formas de violencia reproductiva y familiar que habrían afectado a comunidades inuit.

Entre ellas se encuentran las adopciones forzadas y la separación de niños inuit de sus familias, situaciones que, de acuerdo con Naciones Unidas, también requieren ser investigadas y documentadas.

La petición apunta así a una revisión más amplia de las políticas que durante décadas afectaron a las familias indígenas, no solamente desde la perspectiva de la anticoncepción, sino también de la autonomía reproductiva, la vida familiar y la identidad cultural.

La memoria frente a los documentos

El caso refleja una de las dificultades más complejas de las investigaciones históricas sobre abusos institucionales: cuando los documentos oficiales no coinciden plenamente con las experiencias relatadas por quienes fueron directamente afectados.

Las mujeres inuit que denunciaron estas prácticas no aparecen solamente como parte de un registro histórico; sus testimonios constituyen una fuente esencial para comprender cómo las decisiones tomadas desde las instituciones impactaron sobre sus cuerpos, sus familias y sus posibilidades de decidir sobre su propia vida reproductiva.

El llamado de los expertos de la ONU coloca nuevamente en el centro una pregunta fundamental: qué ocurrió, quién tomó las decisiones y hasta dónde llegaron las responsabilidades institucionales.

Una deuda con las víctimas

Las disculpas públicas de Dinamarca y Groenlandia representan un reconocimiento de las prácticas denunciadas, pero para los expertos de Naciones Unidas el esclarecimiento histórico debe avanzar hasta alcanzar una comprensión completa de lo sucedido.

Investigar estos hechos no implica únicamente reconstruir cifras o establecer responsabilidades administrativas. También supone reconocer las experiencias de mujeres y niñas que, durante décadas, pudieron haber perdido la posibilidad de decidir sobre su maternidad.

La revisión de la anticoncepción forzada y de otras formas de separación familiar se presenta, en ese sentido, como parte de un proceso más amplio de reconocimiento de los derechos de las comunidades inuit y de reparación de una historia que todavía permanece abierta.

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