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Morena escala la presión en Jalisco: exige la salida del secretario de Seguridad tras operativo contra manifestantes

La movilización reunió a unas 10 mil personas, según cifras oficiales; las denuncias por uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias colocaron la actuación policial en el centro de la controversia.
Jalisco, a 13 de octubre de 2026.- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, exigió la destitución del secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, tras las críticas al operativo policial desplegado durante una manifestación ciudadana por la mala calidad del agua.

El reclamo surgió después de que el gobernador Pablo Lemus reconociera que el dispositivo de seguridad aplicado durante la movilización del domingo se salió de control. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el operativo estuvo marcado por señalamientos de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias.

A través de sus redes sociales, Montiel sostuvo que reconocer los errores no es suficiente y que las autoridades deben asumir consecuencias por su actuación. En su posicionamiento, afirmó que quienes reprimen a la ciudadanía no deben permanecer en la vida pública.

El agua, detonante de la protesta

La movilización realizada el domingo en Guadalajara congregó a aproximadamente 10 mil personas, según cifras oficiales. Los participantes exigieron respuestas ante los reportes ciudadanos sobre agua sucia y de mala calidad que llega a los hogares a través de la red de distribución.

La inconformidad por el suministro de agua potable se convirtió así en una protesta que trascendió el reclamo por un servicio básico. La ciudadanía demandó garantías sobre la calidad del agua que recibe y respuestas de las autoridades responsables de atender el problema.

El despliegue policial añadió otro frente de tensión: la discusión sobre los límites del uso de la fuerza pública y la obligación de proteger el derecho a la libre manifestación.

Una controversia política y de seguridad

La exigencia de Morena coloca al secretario Juan Pablo Hernández bajo presión política, mientras el reconocimiento del gobernador sobre la actuación del operativo abre interrogantes acerca de la planeación, la ejecución y la supervisión de las acciones policiales.

No obstante, la destitución reclamada por Montiel constituye una exigencia política y no una decisión confirmada. La información disponible tampoco detalla el número de personas detenidas ni las circunstancias particulares de cada intervención policial.

El episodio refleja cómo una demanda relacionada con el acceso a agua de calidad puede escalar cuando la respuesta institucional genera nuevos cuestionamientos. En ese contexto, la rendición de cuentas y la transparencia resultan centrales para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron abusos.

La demanda ciudadana sigue en el centro

Más allá del enfrentamiento político, el origen de la movilización permanece: la preocupación de miles de habitantes por la calidad del agua que reciben. La controversia sobre el operativo no sustituye la necesidad de atender ese reclamo ni de informar con claridad sobre las condiciones del suministro.

El caso plantea dos exigencias para las autoridades de Jalisco: dar respuesta al problema hídrico y esclarecer las denuncias relacionadas con la actuación policial, con información verificable sobre las detenciones y el uso de la fuerza.

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