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Millonario estadounidense propalestino enfrenta proceso de extradición en España

Su defensa denuncia persecución política; Washington lo acusa de desórdenes y de canalizar dinero hacia Hamás.
España, a 12 de octubre de 2026.- James Cox Chambers, heredero de la fortuna del conglomerado Cox Enterprises, permanece detenido en España mientras se resuelve la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

El activista, de 41 años, fue arrestado en Ibiza y posteriormente trasladado a la cárcel de Aranjuez, ubicada aproximadamente 50 kilómetros al sur de Madrid. La detención ocurrió tras una notificación roja de Interpol emitida a petición de autoridades estadounidenses.

El 28 de septiembre compareció por primera vez ante la justicia española durante la fase judicial del proceso y manifestó su rechazo a ser entregado a Estados Unidos. Sus solicitudes de libertad han sido rechazadas debido al riesgo de fuga considerado por los jueces.

Acusaciones y defensa

De acuerdo con sus abogados, Chambers enfrenta acusaciones relacionadas con desórdenes y lavado de dinero que presuntamente habría terminado en manos de Hamás.

Su defensor, Aitor Martínez, declaró a la BBC que no existen pruebas suficientes y sostuvo que el caso responde a una persecución política contra un activista que ha expresado su apoyo a Palestina.

La defensa afirma que Chambers únicamente financió proyectos humanitarios en Gaza y niega cualquier vínculo económico con organizaciones terroristas. También considera que el proceso forma parte de una tendencia para criminalizar la solidaridad con la población palestina.

De heredero a activista

Nacido en 1985, Chambers es hijo de la actriz Lauren Hamilton, quien lo crió en Brooklyn. Su patrimonio proviene de la familia paterna, propietaria de Cox Enterprises, uno de los principales conglomerados empresariales de Estados Unidos.

Su visión política comenzó a transformarse durante su etapa escolar, cuando tuvo contacto con textos que revisaban críticamente la historia estadounidense. Con el tiempo, se distanció de su familia, tradicionalmente vinculada al Partido Demócrata, y adoptó posiciones socialistas.

En 2023 alcanzó un acuerdo para desvincularse del negocio familiar. Según perfiles periodísticos, recibió al menos 250 millones de dólares, recursos que planeaba destinar a proyectos sociales y movimientos contra la violencia policial.

Protestas y salida de Estados Unidos

Chambers participó en protestas contra la construcción de un centro de entrenamiento policial en Atlanta, proyecto que contaba con financiamiento de su familia.

En 2024, una semana después de una marcha contra el complejo, ingresó junto con otros activistas a un edificio de oficinas de Elbit Systems of America, empresa proveedora del Ejército israelí. Estos hechos contribuyeron a su salida de Estados Unidos.

Posteriormente se trasladó a Túnez, donde se convirtió al islam, y más tarde se estableció en España. Su trayectoria refleja el giro radical de un heredero empresarial que decidió utilizar su patrimonio para respaldar causas sociales y políticas contrarias a los intereses de su entorno familiar.

Debate político en España

El 22 de septiembre, el gobierno de Pedro Sánchez autorizó el inicio de la fase judicial del procedimiento de extradición.

La decisión generó reacciones dentro de la coalición gobernante. Sumar, partido minoritario del bloque de izquierda, expresó su respaldo a Chambers y afirmó que la extradición representaría una criminalización de la solidaridad con Palestina.

El caso coloca a España ante un dilema político y jurídico: atender una solicitud de cooperación internacional o valorar las denuncias de la defensa sobre una posible persecución por motivos ideológicos.

Hasta el momento, la justicia española no ha resuelto si será entregado a Estados Unidos. La defensa mantiene su solicitud de asilo y sostiene que el acusado debe ser juzgado con base en pruebas concretas, no por sus opiniones políticas ni por su apoyo humanitario a Palestina.

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