Falta de recursos retrasan juicios en materia agraria

Litigios que deberían resolverse en un par de meses se prolongan hasta por cinco o seis años

Por Lupita Cabañas / Ms Noticias

Martínez de la Torre, Ver., a 21 de octubre de 2026.- La impartición de justicia en materia agraria se encuentra en un severo estancamiento derivado de los continuos recortes presupuestales al sector.

Esto ha provocado que litigios que deberían resolverse en un par de meses se prolonguen hasta por cinco o seis años, advirtió Raúl García Garrido, vicepresidente administrativo de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado de Veracruz.

"Vemos que la justicia agraria no avanza, sino por el contrario, va en retroceso. En el estado tenemos solo tres tribunales agrarios (en Tuxpan, Xalapa y San Andrés Tuxtla) para atender conflictos en más de 3,500 ejidos.

Faltan insumos tan básicos como papelería y copiadoras, y las audiencias que la ley marca a 8 o 15 días se están programando a dos o tres meses", aseveró.

Garrido enfatizó que la problemática no concluye en los Tribunales Unitarios Agrarios, pues los litigios deben recurrir posteriormente a la Justicia Federal mediante juicios de amparo en los Tribunales Colegiados, los cuales también sufren de un grave rezago.

"Hay amparos directos que llevan cuatro, cinco y hasta seis años sin resolverse. Cuando por fin se dicta una resolución, el justiciable que promovió el recurso ya falleció.

Es una justicia retardada y denegada totalmente para los ciudadanos", lamentó.

Respecto al panorama actual en la entidad, el abogado puntualizó que los antiguos conflictos colectivos por invasión de tierras -encabezados por organizaciones campesinas- prácticamente han desaparecido en Veracruz.

No obstante, la carga de trabajo actual se concentra en conflictos individuales entre ejidatarios, posesionarios y sucesores disputando la titularidad de parcelas por falta de listas de sucesión o por el avance de asentamientos urbanos irregulares.

Finalmente, García Garrido urgió al Gobierno Federal a reactivar programas de regularización y certificación parcelaria para atender aquellos ejidos que continúan operando sin certeza jurídica por carecer de certificados parcelarios, dejando a miles de ejidatarios en la incertidumbre sobre la tenencia de su tierra.