La propuesta busca que una investigación penal no requiera previamente la autorización del Congreso, sin eliminar la presunción de inocencia ni el derecho de defensa
Xalapa, Ver., a 17 de septiembre de 2026.- La LXVII Legislatura de Veracruz dio lectura y turnó a comisión una iniciativa enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, mediante la cual se plantea reformar el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución Política del Estado.
El proyecto propone eliminar la necesidad de una declaración de procedencia del Congreso local para proceder penalmente contra quienes ocupen las Presidencias Municipales o Concejos Municipales, así como las Sindicaturas, cuando existan elementos relacionados con la probable comisión de delitos durante el ejercicio de su encargo.
La iniciativa fue remitida a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que tendrá a su cargo el análisis de la propuesta y sus posibles implicaciones dentro del régimen constitucional de responsabilidades públicas.
En la exposición de motivos se aborda la figura de la llamada inmunidad procesal o fuero constitucional, cuya existencia —se plantea— debe revisarse a partir de la naturaleza de cada función pública y de las condiciones actuales del sistema de justicia.
El documento recuerda que esta protección surgió originalmente como un mecanismo para evitar que determinadas funciones públicas fueran obstaculizadas mediante presiones, interferencias o persecuciones. Su propósito, sostiene la iniciativa, no fue generar impunidad ni eximir de responsabilidad penal a quienes ejercen un cargo, sino proteger el funcionamiento institucional.
Desde esta perspectiva, la propuesta coloca nuevamente sobre la mesa una discusión que toca directamente la relación entre responsabilidad pública, autonomía municipal y acceso a la justicia.
Sin eliminar derechos constitucionales
La iniciativa precisa que retirar esta protección procesal no significaría desconocer la presunción de inocencia. Una denuncia, por sí misma, tampoco produciría automáticamente la separación del cargo ni anularía los derechos de defensa y debido proceso.
El planteamiento busca que las autoridades competentes puedan ejercer sus atribuciones cuando existan elementos jurídicos que lo justifiquen, pero dentro de los procedimientos y garantías establecidos por la Constitución.
El punto central, por tanto, no sería convertir una acusación en una sentencia, sino modificar el requisito de una autorización legislativa previa para que pueda iniciarse el procedimiento penal correspondiente contra determinados funcionarios municipales.
Responsabilidad y mandato ciudadano
La propuesta también plantea que la legitimidad obtenida mediante el voto ciudadano debe coexistir con la responsabilidad frente a la ley.
Bajo esa lógica, gobernar un municipio representa un mandato democrático, pero también implica responder ante las instituciones cuando existan elementos jurídicos que ameriten una investigación o procedimiento.
El documento señala que el objetivo es encontrar un equilibrio entre la protección de la función pública municipal y la responsabilidad individual de quienes la ejercen, sin menoscabar la autonomía constitucional de los Ayuntamientos.
De aprobarse la reforma, el Congreso del Estado mantendría las atribuciones que actualmente le corresponden respecto de otros servidores públicos sujetos a declaración de procedencia. El cambio estaría concentrado en las Presidencias o Concejos Municipales y las Sindicaturas señaladas en la iniciativa.
Una propuesta que abre la discusión legislativa
El turno a comisión representa el inicio del proceso de análisis parlamentario. Será en esa instancia donde se revisen los alcances jurídicos de la modificación y, en su caso, se determine el contenido del dictamen que posteriormente podría ser sometido al Pleno.
La discusión trasciende la redacción de un artículo constitucional: pone en el centro la manera en que Veracruz concibe la responsabilidad penal de quienes gobiernan los municipios, procurando que la protección de las instituciones no se convierta en un obstáculo para la aplicación de la ley, pero también que una acusación no sustituya las garantías del debido proceso.
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