Miedo a la deportación silencia a mujeres migrantes víctimas de violencia en México
Organizaciones advierten fallas institucionales y recuerdan que la protección contra la violencia debe garantizarse a todas las mujeres, sin importar su nacionalidad o situación migratoria
México, a 9 de septiembre de 2026.– Para una mujer migrante que atraviesa México, denunciar una agresión puede significar enfrentarse a un segundo temor: que al acudir ante una autoridad termine detenida, deportada o, peor aún, expuesta nuevamente ante quienes la violentaron.
Esta realidad fue expuesta por Axela Romero, al presentar los resultados del Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México, elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración.
El diagnóstico advierte que el estatus migratorio puede convertirse en una barrera para acceder a la justicia. Las mujeres en tránsito pueden ser víctimas de extorsión, abuso sexual, violación, trata de personas e intentos de secuestro, pero muchas optan por no denunciar debido al temor de ser regresadas a los países de los que salieron precisamente huyendo de condiciones de pobreza o violencia.
En este contexto, el silencio no necesariamente significa ausencia de violencia. Puede ser, como señaló Romero, una estrategia para sobrevivir.
Una vulnerabilidad que se multiplica
Datos de Médicos del Mundo y ACNUR citados durante la presentación señalan que entre 70 y 80 por ciento de las mujeres migrantes en tránsito sufren algún delito en México.
El dato dibuja un escenario particularmente preocupante: mujeres que ya enfrentan los riesgos propios de la movilidad, la incertidumbre y la falta de redes de apoyo pueden quedar todavía más expuestas cuando desconocen sus derechos o temen acercarse a las instituciones.
La falta de información confiable se convierte entonces en otro factor de vulnerabilidad.
Muchas mujeres no saben a dónde acudir, qué servicios tienen derecho a recibir o que su condición migratoria no debería impedirles denunciar una agresión. Esa desinformación, sumada al miedo, puede favorecer que los delitos permanezcan ocultos.
La nacionalidad no cancela los derechos
Uno de los principales señalamientos realizados durante la presentación es que las mujeres migrantes están protegidas por el marco jurídico mexicano.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es aplicable a todas las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en territorio nacional, incluidas aquellas que se encuentran en movilidad, independientemente de su situación migratoria.
Por ello, exigir documentos migratorios como condición para presentar una denuncia representa una barrera que debe ser eliminada.
Romero señaló que se han identificado casos en los que a las mujeres se les solicitan “papeles” para denunciar, una práctica que, desde la perspectiva de las organizaciones, profundiza la discriminación y obstaculiza el acceso a la justicia.
El principio es sencillo, pero trascendente: no ser mexicana no significa tener menos derechos frente a la violencia.
Fallas que pueden agravar las consecuencias
El problema no termina con la posibilidad de presentar una denuncia. También existen deficiencias en la atención posterior.
En entidades fronterizas como Chiapas, se han identificado casos en los que personal de Fiscalías o Ministerios Públicos no aplica adecuadamente los protocolos de atención de salud sexual para mujeres migrantes víctimas de violación o abuso sexual.
Esto puede provocar que las víctimas no sean remitidas oportunamente a servicios médicos donde deberían recibir atención y medicamentos para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos derivados de una agresión.
En una situación de violencia sexual, el tiempo resulta determinante. Cada demora puede significar perder una oportunidad de atención médica, protección y acompañamiento.
Una justicia que todavía no mira todas las realidades
Otro de los cuestionamientos planteados es la falta de una visión interseccional en las instituciones encargadas de atender y juzgar estos casos.
La condición migratoria, el género, la situación económica, la pertenencia a determinados grupos y otras circunstancias pueden combinarse para producir formas particulares de vulnerabilidad.
Sin esa perspectiva, una institución puede terminar tratando como idénticas situaciones que no lo son.
El diagnóstico señala que de los 73 Centros de Justicia para las Mujeres existentes en México, solamente 30 se encuentran en zonas de la ruta migratoria. Además, según los datos disponibles citados en el análisis, apenas 2 por ciento de las mujeres atendidas son extranjeras, mientras que las mujeres LGBTIQ+ representan apenas 0.1 por ciento.
Las cifras sugieren una pregunta inevitable: si las mujeres migrantes enfrentan altos niveles de violencia, ¿por qué su presencia dentro de los servicios especializados de justicia es tan reducida?
El desafío de convertir los derechos en realidad
México cuenta con leyes, instituciones y presupuestos destinados a proteger a las mujeres, pero el reto consiste en lograr que esas herramientas sean accesibles también para quienes se encuentran de paso por el país.
Una mujer que teme ser deportada puede no acercarse a una Fiscalía. Una víctima que desconoce sus derechos puede guardar silencio. Y una sobreviviente que es recibida sin perspectiva de género o sin protocolos adecuados puede terminar abandonando el proceso.
Por eso, atender la violencia contra las mujeres migrantes requiere algo más que reconocerlas como víctimas: implica garantizar que puedan denunciar sin miedo, recibir atención médica, acceder a mecanismos de reparación y permanecer protegidas frente a sus agresores.
La migración no borra derechos. Tampoco la nacionalidad ni la falta de documentos deberían convertirse en una sentencia de indefensión.
La advertencia de las organizaciones es, en esencia, una cuestión de dignidad: ninguna mujer debería tener que elegir entre denunciar una agresión y protegerse de una posible deportación.



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