Maru Campos lleva a la Suprema Corte el blindaje electoral de Chihuahua
La SCJN analizará este martes las impugnaciones contra la reforma, en una discusión que también alcanza las restricciones para candidaturas vinculadas con actividades delictivas
Chihuahua, a 28 de septiembre de 2026.- A unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la reforma electoral de Chihuahua, la gobernadora MarÃa Eugenia Campos Galván pidió al máximo tribunal mantener vigentes las disposiciones que contemplan la posibilidad de anular una elección cuando se acredite la intervención del crimen organizado.
A través de un mensaje difundido este lunes, la mandataria solicitó a las ministras y ministros confirmar la legislación aprobada por el Congreso estatal, cuyo contenido fue impugnado mediante acciones de inconstitucionalidad. La discusión del Pleno está prevista para este martes 29 de septiembre.
Una reforma que coloca al crimen organizado en el centro del debate electoral
La modificación aprobada en Chihuahua incorporó mecanismos dirigidos a impedir que grupos delictivos intervengan en los procesos electorales. Entre sus disposiciones se encuentra la posibilidad de declarar la nulidad de una elección cuando se demuestre la participación del crimen organizado, además de restricciones relacionadas con candidaturas vinculadas con actividades delictivas.
Campos defendió públicamente estas medidas y sostuvo que su propósito es evitar que actores criminales tengan capacidad para influir en la selección de candidaturas o en los resultados de una elección.
En su posicionamiento, la gobernadora afirmó que Chihuahua decidió establecer en su legislación una respuesta especÃfica frente a la posible injerencia criminal y llamó a la Corte a preservar la reforma en su totalidad.
La controversia llega al máximo tribunal
La reforma fue impugnada ante la SCJN mediante diversas acciones de inconstitucionalidad. Entre ellas se encuentra la 99/2026, promovida por Morena, además de otros recursos acumulados para su análisis conjunto.
El debate jurÃdico, sin embargo, no se limita a la causal de nulidad relacionada con el crimen organizado. El proyecto elaborado por la ministra Sara Irene HerrerÃas Guerra plantea revisar diferentes disposiciones de la reforma electoral, entre ellas algunas relacionadas con candidaturas, régimen sancionador y otras reglas del sistema electoral estatal.
De acuerdo con información difundida sobre el proyecto, una de las cuestiones centrales será determinar qué medidas pueden permanecer dentro del marco constitucional y cuáles tendrÃan que ser invalidadas.
El voto ciudadano, en el centro del argumento
Campos ha presentado la controversia como una discusión sobre la capacidad de las instituciones electorales para impedir que organizaciones criminales condicionen los procesos democráticos.
La gobernadora pidió directamente a las ministras y ministros mantener la legislación y sostuvo que el objetivo de las reglas es garantizar que la decisión sobre los cargos públicos corresponda a los ciudadanos mediante el voto.
Más allá de la confrontación polÃtica alrededor de la reforma, la resolución de la Corte colocará sobre la mesa una cuestión de alcance institucional: hasta dónde puede llegar una legislación estatal para establecer consecuencias electorales frente a la intervención acreditada de organizaciones criminales.
La respuesta corresponderá al Pleno de la Suprema Corte, que deberá determinar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y, con ello, definir qué partes de la reforma podrán permanecer vigentes.
Un debate con alcance más allá de Chihuahua
La discusión adquiere especial relevancia porque vincula dos preocupaciones que suelen avanzar por carriles distintos: la protección de los procesos electorales y la presencia de organizaciones criminales en la vida pública.
En ese escenario, la reforma chihuahuense coloca una pregunta jurÃdica y polÃtica de fondo: qué mecanismos pueden utilizar los estados para preservar la autenticidad del voto cuando se acredita una intervención delictiva.
El desenlace no dependerá del llamado de la gobernadora, sino del análisis constitucional que realice la SCJN sobre las normas impugnadas. Hasta el cierre de esta información, el Pleno aún no habÃa emitido una resolución.
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