Jesús Urióstegui aparece entre los nombres relacionados con el escándalo, en medio de sus aspiraciones políticas en Chilpancingo
Guerrero, a 11 de septiembre de 2026.- El presunto cobro irregular de cheques en el Congreso de Guerrero comienza a tener consecuencias políticas. Morena advirtió que cualquier integrante del partido que resulte responsable será expulsado, en un intento por marcar distancia frente a un caso que ha generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos y la seguridad de los procedimientos administrativos del Poder Legislativo.
La controversia surgió a partir de la denuncia sobre el supuesto cobro de cheques emitidos a nombre de una diputada de extracción perredista, cuya firma habría sido falsificada.
El caso todavía se encuentra sujeto a investigación, por lo que las acusaciones no representan, hasta ahora, una responsabilidad legal acreditada.
“No mentir, no robar, no traicionar”
El dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, fijó una postura tajante: si las investigaciones confirman que alguno de los militantes del partido participó en los hechos, tendrá que enfrentar las consecuencias dentro de la organización.
El dirigente apeló a los principios que Morena coloca como parte de su identidad política: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero.
Bajo esa premisa, sostuvo que comprobarse una conducta de esa naturaleza implicaría una violación directa a los principios partidistas y abriría la puerta a la expulsión.
La declaración adquiere especial relevancia porque el caso no ocurre fuera de la esfera política, sino dentro del Congreso estatal, donde el manejo de recursos públicos y los controles administrativos son objeto de escrutinio.
El nombre de Urióstegui entra al escenario
Entre los nombres que han sido mencionados en relación con el escándalo aparece el diputado Jesús Urióstegui, quien además ha manifestado aspiraciones políticas rumbo a la gubernatura de Chilpancingo.
Su aparición en el contexto de las acusaciones añade un ingrediente político al expediente, aunque cualquier señalamiento deberá ser acreditado mediante las investigaciones correspondientes.
El ambiente al interior del Congreso también ha sido observado con atención. Durante el informe de la gobernadora, Urióstegui y el diputado Joaquín Badillo protagonizaron una escena que llamó la atención al evitar saludarse.
En un escenario político donde las alianzas, distancias y gestos suelen adquirir significado, el episodio alimentó la percepción de tensiones internas, aunque por sí mismo no constituye evidencia de una relación con el caso de los cheques.
El partido busca marcar distancia
La reacción de Morena coloca ahora la responsabilidad en manos de las instancias encargadas de esclarecer los hechos.
La dirigencia estatal ha evitado anticipar culpabilidades y condicionó cualquier sanción a que se determine la participación de militantes en el presunto cobro.
El mensaje político, sin embargo, ya está sobre la mesa: si se comprueba que algún integrante del partido intervino en una operación irregular, Morena no estaría dispuesto a asumir el costo de protegerlo.
El caso representa además un desafío para un partido que ha construido buena parte de su discurso alrededor del combate a la corrupción y la defensa del uso honesto de los recursos públicos.
Mientras avanzan las investigaciones, permanece abierta la pregunta central: quién cobró los cheques, cómo se autorizó la operación y de qué manera habría sido utilizada presuntamente la firma de la legisladora.
Hasta que esas interrogantes sean esclarecidas, los involucrados deben considerarse únicamente como personas señaladas y no como responsables.
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