miércoles, 8 de julio de 2026

Frente Cívico Morelense busca frenar el “tarifazo” del transporte mediante acción de inconstitucionalidad

La organización solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promover un recurso contra el decreto que elevó la tarifa mínima de las rutas de 10 a 13 pesos.
Morelos, a 8 de julio de 2026.- Integrantes del Frente Cívico Morelense formalizaron una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) para que ese organismo promueva una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que autorizó el aumento de la tarifa mínima del transporte público, conocida por diversos sectores como el "tarifazo".

La petición busca revertir el incremento que elevó el costo del pasaje en las rutas de 10 a 13 pesos, al considerar que la medida debe ser revisada por las instancias competentes desde una perspectiva jurídica y de protección a los derechos de la población usuaria.

Rechazan negociar el aumento

El vocero del Frente, Francisco Radilla Corona, explicó que la organización continuará impulsando recursos legales para intentar dejar sin efectos el decreto.

Precisó que, a diferencia de la Coordinadora Social Morelense, encabezada por el regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas, el Frente no buscará negociar el incremento con las autoridades o los concesionarios, sino que apostará por mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la promoción de amparos.

La controversia por el transporte público

El aumento a la tarifa del transporte público ha generado un amplio debate en Morelos, donde organizaciones civiles y usuarios han cuestionado el impacto económico que representa para miles de familias que dependen diariamente de las rutas para trasladarse a sus centros de trabajo, estudio o actividades cotidianas.

La decisión del Frente Cívico Morelense de acudir a instancias legales refleja una estrategia orientada a que los tribunales revisen la constitucionalidad del decreto, mientras que la eventual participación de la Comisión de Derechos Humanos podría abrir un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre la viabilidad del servicio de transporte y la protección de los derechos de la ciudadanía.

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