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Crimen de periodista enfrenta a diputados en el Congreso de Oaxaca

Mientras la oposición exige garantías para la prensa, legisladores oficialistas llaman a evitar el uso político del caso y respetar el proceso de investigación
Oaxaca, 29 de julio de 2026.- El asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar provocó un intenso intercambio de posicionamientos durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Oaxaca, donde diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas debatieron sobre la responsabilidad de las autoridades, la protección al gremio periodístico y el riesgo de politizar un crimen que aún se encuentra bajo investigación.

El caso evidenció las diferencias entre las bancadas respecto al tratamiento del homicidio, mientras unos exigieron mayores garantías para el ejercicio del periodismo, otros pidieron actuar con responsabilidad y evitar que la tragedia sea utilizada como instrumento de confrontación política.

Morena pide no politizar el crimen

Durante la sesión, la diputada de Morena Mónica Belén López Javier sostuvo que el asesinato del comunicador no debe convertirse en una plataforma para obtener beneficios políticos ni para repartir responsabilidades sin sustento.

La legisladora cuestionó a quienes hoy critican el marco legal de protección para periodistas, al recordar que algunos de ellos tuvieron anteriormente la oportunidad de impulsar reformas en la materia desde el Poder Legislativo.

En el mismo sentido, la diputada morenista María Francisca Antonio Santiago afirmó que, desde que se conoció el homicidio, se generó un "linchamiento mediático" sin pruebas concluyentes y acusó a sectores opositores de intentar responsabilizar de manera anticipada al gobierno de la llamada Primavera Oaxaqueña.

Exigen investigación y mayores garantías para periodistas

Desde la oposición, el diputado del Partido del Trabajo Dante Montaño cuestionó a la administración estatal por, según dijo, no garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo en Oaxaca, además de reprochar la actitud de algunos legisladores que respaldan de manera incondicional a los funcionarios públicos.

Por su parte, la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela Pérez, demandó una investigación seria, objetiva y exhaustiva que permita esclarecer plenamente el asesinato y sancionar a los responsables.

La legisladora enfatizó que la libertad de expresión constituye un derecho colectivo y no únicamente una garantía para quienes ejercen el periodismo.

"Cuando un periodista es agredido, la violencia no alcanza únicamente a una persona, también lastima el derecho de las y los ciudadanos a estar informados. Este crimen exige verdad, justicia y cero impunidad", expresó.

Llaman a privilegiar la justicia sobre la confrontación política

Al término de la sesión, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura, Tania Caballero Navarro, hizo un llamado a respetar el duelo de la familia de Alejandro Leyva Aguilar y evitar que el caso sea utilizado con fines políticos.

La legisladora sostuvo que convertir el asesinato en un "circo político" no contribuye al esclarecimiento de los hechos y reiteró que tanto el Congreso del Estado como el Gobierno de Oaxaca mantienen una postura firme para que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

Asimismo, aseguró que cualquier persona que resulte responsable del homicidio deberá enfrentar las sanciones previstas por la ley.

Un debate que refleja la preocupación por la libertad de expresión

El intercambio de posturas en el Congreso de Oaxaca volvió a colocar en el centro de la discusión pública la seguridad de las y los periodistas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen la labor informativa.

Mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, el llamado común entre las distintas fuerzas políticas es que el caso sea esclarecido con objetividad, se garantice justicia para la víctima y se evite que la impunidad continúe vulnerando el ejercicio de la libertad de expresión en el estado.

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