Comunidades indígenas toman acceso a planta de amoniaco en Sinaloa; exigen su cancelación definitiva

Acusan daños ambientales, riesgo para los pueblos originarios y demandan la intervención del Gobierno federal

Sinaloa, a 16 de junio de 2026.– En una nueva etapa de la resistencia que desde hace más de una década mantienen comunidades indígenas mayo-yoreme contra la instalación de una planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, integrantes del colectivo ¡Aquí No! iniciaron un plantón pacífico e indefinido en el acceso principal de la obra desarrollada por Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman.

La movilización busca presionar al Gobierno federal para que determine la cancelación definitiva del proyecto, cuya construcción presenta un avance cercano al 88 por ciento y que continúa generando un amplio debate entre el desarrollo industrial y la conservación ambiental.

Reafirman oposición a la megaplanta

De acuerdo con Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, entre 150 y 200 integrantes de comunidades mayo-yoreme permanecen desde las 4:00 de la madrugada en el acceso a las instalaciones, donde instalaron carpas y anunciaron que permanecerán en el lugar de manera indefinida.

Los manifestantes sostienen que la operación de la planta representaría un riesgo para el ecosistema de la bahía y para la permanencia de los pueblos originarios que habitan la región, por lo que exigen la clausura total del proyecto.

Además de detener la obra, solicitan la reparación de los daños ambientales que, aseguran, ya fueron ocasionados durante la construcción, entre ellos la tala de manglares y el relleno de aproximadamente 28 hectáreas del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido internacionalmente como sitio Ramsar.

Piden respuesta directa del Gobierno federal

Los representantes del movimiento señalaron que actualmente no mantienen diálogo con la empresa desarrolladora y consideran que corresponde al Gobierno de México atender el conflicto.

En este contexto, informaron que recientemente sostuvieron reuniones con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencias que anunciaron la realización de estudios ambientales para evaluar el futuro del proyecto.

Los inconformes expresaron preocupación por la posibilidad de que estos análisis prolonguen la resolución del conflicto sin ofrecer una respuesta definitiva, por lo que insistieron en que la prioridad debe ser la protección del ecosistema y de las comunidades indígenas.

Un conflicto que enfrenta desarrollo e impacto ambiental

La oposición a la planta de amoniaco se mantiene desde 2014, convirtiéndose en uno de los conflictos socioambientales más relevantes del noroeste del país.

Los pueblos mayo-yoreme sostienen que el proyecto amenaza un ecosistema de alto valor ecológico y pesquero, además de poner en riesgo actividades tradicionales que forman parte de su identidad y sustento económico.

Como parte de su postura, recuerdan que organismos internacionales han advertido sobre los posibles riesgos asociados a la operación de este tipo de infraestructura, incluyendo eventuales fugas de sustancias tóxicas que afectarían a miles de habitantes de la región.

Asimismo, destacan que en 2022 obtuvieron un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al derecho de consulta de las comunidades indígenas; sin embargo, afirman que el proceso posterior estuvo rodeado de señalamientos sobre presuntas irregularidades y compra de votos.

Mientras tanto, el proyecto continúa siendo objeto de revisión por parte de las autoridades ambientales, en un escenario donde convergen intereses económicos, protección del patrimonio natural y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.