Abogados destacan la importancia de registrarla para frenar extorsiones, pero quienes se resisten pueden recurrir a amparos individuales o colectivos.
Por Lupita Cabañas / Ms Noticias
Martínez de la Torre, Ver., a 23 de mayo de 2026.- El plazo para registrar las líneas telefónicas está por vencer y hasta ahora el 82,5% de la población no ha cumplido con ese proceso.
Si se toma en cuenta que en el país existen entre 144 y 160 millones de líneas telefónicas, más de 114 millones de número faltarían por registrarse.
Sobre este tema, el licenciado Richard Torres Ramírez, expuso que el registro de las líneas telefónicas lejos de ser una medida recaudatoria o de control político, se trata de una herramienta de seguridad que urge implementar para frenar las extorsiones telefónicas.
En entrevista, el especialista en derecho señaló que el anonimato actual de los chips telefónicos es el mejor aliado de quienes incurren en esa práctica.
"Hoy en día, cualquier ciudadano es molestado en su casa o en su celular por extorsionadores que actúan con total impunidad, porque saben que esas llamadas no se pueden rastrear", explicó Torres Ramírez, quien defendió que la gente honesta y de trabajo no tiene nada que ocultar con este trámite.
Sin embargo, el litigante advirtió que la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir un control estricto de estos padrones para evitar filtraciones.
En ese sentido, enfatizó que el acceso a la base de datos no debe ser para cualquiera, sino que debe limitarse estrictamente a investigaciones judiciales y bajo una orden de autoridad competente.
Al ser cuestionado sobre el sector de la población que se resiste a registrar sus líneas y que temen perder el servicio, Torres Ramírez explicó que existen mecanismos de defensa legal.
Explicó que quien se sienta agravado por la medida puede recurrir al juicio de amparo ante los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación o por la vía administrativa.
Incluso, para aligerar los costos que implica trasladarse a ciudades como Xalapa a realizar estos trámites, el abogado sugirió la opción de los amparos colectivos, donde vecinos de una misma colonia o sector pueden unirse en un solo recurso legal.
Finalmente, Torres Ramírez reiteró que el fondo de este registro, que vence el próximo 30 de junio, es un tema de seguridad pública y tranquilidad social.
El objetivo, concluyó, es cerrarle el paso a quienes utilizan la tecnología para chantajear y arrebatarle el dinero que con tanto esfuerzo ganan las familias de la zona.

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