Feminicidio en Chiapas: entre cifras que alarman y una reforma que busca cerrar la deuda de justicia

A pesar de la Alerta de Género vigente desde 2016, el estado acumula más de 2 mil muertes violentas de mujeres

Chiapas, a 22 de abril de 2026.- El aumento sostenido de casos de feminicidio en Chiapas mantiene encendidas las alertas sociales e institucionales. En este contexto, el Congreso de la Unión impulsa una reforma constitucional que busca unificar criterios legales, fortalecer la procuración de justicia y garantizar atención integral a víctimas directas e indirectas, en un intento por frenar un fenómeno que sigue dejando heridas abiertas en el país.

Una violencia que persiste pese a las alertas

Chiapas se ha convertido en uno de los focos rojos en materia de violencia de género en México. A casi una década de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género, emitida en noviembre de 2016, las cifras no solo no han disminuido, sino que reflejan una problemática persistente.

De acuerdo con registros recientes, desde la activación de la alerta se han contabilizado más de 2 mil muertes violentas de mujeres en la entidad. Tan solo en lo que va de 2026, ya se reportan 14 casos de feminicidio, mientras que en los últimos años la tendencia ha sido constante: 39 casos en 2022, 35 en 2023, 40 en 2024 y 30 en 2025.

Detrás de cada número hay una historia truncada, familias rotas y una exigencia que no cesa: justicia.

La exigencia social que empuja cambios legales

Ante este panorama, colectivos, familias de víctimas y organizaciones civiles han mantenido una presión constante para que las autoridades actúen con mayor contundencia. Denuncian que, en muchos casos, la impunidad, la falta de investigación con perspectiva de género y la revictimización continúan siendo obstáculos para acceder a la justicia.

Fundaciones como Karla Velasco han señalado que cada vez son más las familias que buscan respuestas, no solo en Chiapas, sino fuera del estado, evidenciando fallas estructurales en el sistema de procuración de justicia.

La reforma: hacia un sistema más uniforme y eficaz

En este contexto, la diputada federal por Morena, Karina Margarita del Río Zenteno, impulsa la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso A) de la Constitución, con el objetivo de establecer un marco jurídico más sólido frente al feminicidio.

La propuesta contempla:

· La creación de un tipo penal homogéneo a nivel nacional

· La unificación de sanciones y agravantes

· Protocolos de investigación con perspectiva de género

· Mayor coordinación entre federación y estados

· Garantía de acceso efectivo a la justicia y reparación del daño

Además, busca fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, dotándolas de herramientas más claras para actuar ante este delito.

Las penas y las brechas entre estados

Uno de los puntos clave de la reforma es la homologación de penas. Actualmente, las sanciones varían significativamente entre entidades. La iniciativa propone castigos de entre 40 y 70 años de prisión, además de multas económicas.

Sin embargo, en Chiapas las penas ya oscilan entre los 55 y 100 años, mientras que en estados como Michoacán, Coahuila, Baja California y Querétaro las condenas pueden ir de 20 a 50 años, evidenciando una disparidad que complica la aplicación de justicia uniforme en el país.

Las víctimas invisibles: hijas e hijos del feminicidio

La reforma también pone sobre la mesa una realidad poco visibilizada: la situación de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad tras un feminicidio.

El planteamiento incluye medidas de protección reforzada para este sector, garantizando atención psicológica, acceso a educación, servicios de salud y mecanismos de reparación integral del daño.

Se trata de reconocer que el impacto del feminicidio no termina con la víctima directa, sino que se extiende a su entorno familiar y social.

Más allá de la ley: el reto de transformar la realidad

Si bien la reforma representa un avance en el marco legal, especialistas y activistas coinciden en que el verdadero desafío radica en su aplicación efectiva. La impunidad, la falta de capacitación en perspectiva de género y la debilidad institucional siguen siendo factores que limitan el alcance de estas medidas.

El caso de Chiapas evidencia que las alertas y las leyes, por sí solas, no son suficientes si no van acompañadas de voluntad política, recursos y seguimiento puntual.