Ejidatarios desplazados habitan las ruinas de una mina en Sonora para defender su tierra
Sonora, a 22 de abril de 2026.- En el desierto de Sonora, decenas de familias del ejido El Bajío sobreviven en condiciones extremas tras ser desplazadas por la actividad minera. A pesar de una sentencia judicial a su favor, la justicia no se ha materializado. Su permanencia en el tajo minero simboliza una resistencia que desafía al poder económico, la violencia y la indiferencia del Estado.
El camino hacia El Bajío no es solo físico: es una travesía hacia una de las historias más crudas de despojo, resistencia y dignidad en México. Tras horas de recorrer brechas en el desierto, entre dunas traicioneras y piedras filosas, emerge una imagen que sacude: un tajo abierto, profundo, brutal. No es solo una mina abandonada, es una herida viva en la tierra… y en la memoria de quienes la habitan.
La herida que lo cambió todo
Donde antes había arroyos, vegetación y ganado, hoy hay polvo, silencio y destrucción. El tajo de la mina Soledad–Dipolos es el símbolo más evidente del paso de la empresa minera Penmont, que desde finales de los años noventa transformó radicalmente el territorio del ejido El Bajío.
La extracción de oro y plata no solo modificó el paisaje: fracturó comunidades, desplazó familias y desató una cadena de violencia que aún no termina. Lo que quedó es un territorio devastado y una comunidad obligada a resistir desde las ruinas.
Desplazados en su propia tierra
Alrededor de 40 familias viven hoy en condiciones precarias dentro de la zona minera. No tienen servicios básicos, dependen de largos trayectos para conseguir agua y alimentos, y enfrentan riesgos constantes. Sin embargo, eligieron regresar al origen del conflicto: el lugar donde todo comenzó.
No es una decisión sencilla. Es una estrategia de defensa.
“Si nos vamos, vuelven a entrar”, repiten los ejidatarios. Su presencia es una forma de vigilancia permanente para evitar que la mina sea reactivada.
Violencia, miedo y supervivencia
La historia de El Bajío está marcada por episodios de extrema violencia: secuestros, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias. Testimonios de los comuneros señalan la presencia de grupos armados y la presunta complicidad de autoridades.
Algunos recuerdan cómo fueron sacados por la fuerza, amenazados o encarcelados bajo acusaciones fabricadas. Otros aún buscan a familiares desaparecidos.
A pesar del miedo, la comunidad se organiza. Realizan rondines, establecen puntos de vigilancia y han aprendido a vivir con lo mínimo. Dormir a la intemperie, más que una elección, es una medida de seguridad.
Una victoria legal que no llega a la realidad
En 2014, un tribunal agrario falló a favor de los ejidatarios: la minera debía devolver el territorio, reparar el daño ambiental y restituir la riqueza extraída, estimada en miles de millones de pesos.
Pero la sentencia se quedó en el papel.
La empresa continuó operando durante años y el proceso legal sigue sin resolverse completamente. Para los habitantes, la justicia es una promesa incumplida.
“Ganamos el juicio, pero no la justicia”, sintetizan.
Resistencia en medio del desierto
Lejos de rendirse, los ejidatarios han construido una forma de vida en medio del abandono. Han reutilizado estructuras de la mina, instalado paneles solares y encontrado en la organización comunitaria una forma de sobrevivir.
Su lucha también es simbólica: defienden no solo la tierra, sino su identidad, su historia y su derecho a existir como comunidad.
En medio del desierto, donde parece que nada sobrevive, florece una resistencia que desafía toda lógica.
El costo invisible: familias fracturadas
El desplazamiento no solo implica perder la tierra. También rompe familias, afecta la salud mental y cambia el futuro de las nuevas generaciones.
Niños que crecieron lejos de su hogar, adultos que viven con miedo constante, ancianos que cargan la nostalgia de lo perdido. El impacto va más allá de lo material: es una herida social profunda.
Una lucha que interpela al país
El caso de El Bajío no es aislado. Forma parte de una realidad más amplia donde comunidades enfrentan proyectos extractivos con escasa protección institucional.
Especialistas advierten que la legislación minera en México favorece a las empresas sobre las comunidades, dejando a estas últimas en condiciones de vulnerabilidad.
Mientras tanto, en el desierto de Sonora, los ejidatarios mantienen su postura firme: no abandonar el territorio.
“No nos vamos a ir”, dicen con determinación.
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