Oaxaca bajo la lupa: 32 defensores asesinados y una deuda persistente en derechos humanos
Organizaciones acusan violencia sistemática y omisiones del gobierno de Salomón Jara Cruz
Oaxaca de Juárez, a 18 de marzo de 2026.- Organizaciones que integran la Acción Colectiva para los Derechos Humanos de Oaxaca denunciaron que, durante la actual administración estatal, al menos 32 personas defensoras han sido asesinadas.
En su segundo informe, presentado en Oaxaca, señalaron además decenas de agresiones, opacidad institucional y una respuesta insuficiente ante violaciones a los derechos humanos.
Un informe que incomoda al poder
La presentación del documento titulado “¿Avanza o no, el Respeto a los DDHH en Oaxaca?” marcó un momento de tensión entre sociedad civil y autoridades.
Desde el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, las organizaciones integrantes de la Acción Colectiva para los Derechos Humanos de Oaxaca expusieron cifras que dibujan un panorama preocupante: 32 personas defensoras privadas de la vida en lo que va del gobierno de Salomón Jara Cruz.
A esto se suman 44 agresiones contra individuos y 70 contra colectivos, comunidades y movimientos sociales.
Violencia, impunidad y respuesta débil
El informe no se limita a enumerar cifras; construye una narrativa sobre lo que califican como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Las organizaciones advierten que existe un patrón de impunidad y una débil capacidad de respuesta institucional frente a hechos graves.
En este contexto, la violencia contra personas defensoras no es vista como un fenómeno aislado, sino como parte de una estructura que permite su repetición.
La opacidad como obstáculo
Uno de los señalamientos más contundentes es la falta de transparencia.
Las organizaciones denunciaron que el gobierno estatal incurre en prácticas de ocultamiento de información, lo que dificulta el acceso a la justicia para las vÃctimas.
La ausencia de canales efectivos de diálogo y consulta, sostienen, agrava el distanciamiento entre autoridades y ciudadanÃa.
Sectores invisibilizados
El informe también pone el foco en grupos históricamente vulnerados.
Entre ellos, personas de la diversidad sexual —lesbianas, gays, bisexuales, no binarias, transgénero e intersexuales— que, según denunciaron, continúan siendo excluidas incluso de los registros oficiales de desapariciones.
A ello se suman comunidades indÃgenas afectadas por conflictos agrarios, como el caso de desplazamientos en San Juan Mazatlán Mixe, asà como las condiciones adversas que enfrentan personas migrantes en tránsito.
Historias que evidencian la crisis
Más allá de las estadÃsticas, el informe recupera casos que reflejan la gravedad del contexto.
Entre ellos, la muerte de dos niñas migrantes originarias de Haità en un albergue del sistema DIF estatal, un hecho que expone fallas en la protección institucional.
Estos episodios, señalan las organizaciones, son muestra de una crisis estructural que trasciende administraciones, pero que exige respuestas inmediatas.
Una deuda que persiste
El documento concluye con una afirmación contundente: el respeto a los derechos humanos sigue siendo una deuda estructural del Estado.
Organizaciones como el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C., el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Servicios para una Educación Alternativa y Ojo de Agua Comunicación coincidieron en que la omisión institucional ha profundizado la crisis.
El debate queda abierto: entre los discursos oficiales de avance y las denuncias de retroceso, la realidad de Oaxaca continúa marcada por la exigencia de justicia.
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