“No queremos terminar como México”: presidenta electa de Costa Rica anuncia ofensiva frontal contra el crimen

La nueva mandataria advierte que su gobierno actuará con firmeza para evitar el avance del crimen organizado

Costa Rica, a 6 de marzo de 2026.- Tras su triunfo electoral, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, adelantó que su administración emprenderá una estrategia contundente contra el crimen organizado.

Con reformas judiciales y posibles medidas excepcionales en regiones con presencia de grupos armados, la futura mandataria aseguró que su prioridad será impedir que la violencia escale en su país como ocurre en otras naciones de la región.

Un mensaje firme tras la victoria electoral

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, lanzó una advertencia contundente sobre el rumbo que tomará su gobierno frente al avance del crimen organizado en la región.

En entrevista con el periodista Alejandro Domínguez para el medio Milenio, la futura mandataria subrayó que su país no puede permitir que la violencia criminal se arraigue en su territorio.

“No queremos convertirnos como lo que tristemente pasa en México”, afirmó, al referirse a los problemas de seguridad que enfrentan algunos países latinoamericanos.

Sus declaraciones reflejan la preocupación creciente por la presencia de redes criminales transnacionales que han extendido sus operaciones en Centroamérica, particularmente ligadas al narcotráfico y al sicariato.

Reformas judiciales y medidas extraordinarias

Fernández adelantó que uno de los primeros ejes de su gobierno será fortalecer el sistema judicial para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones delictivas.

Entre las propuestas se encuentra impulsar reformas legales que agilicen procesos judiciales y refuercen la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos vinculados al crimen organizado.

Además, no descartó recurrir a medidas extraordinarias en regiones específicas del país, donde se detecte una fuerte presencia de sicarios o estructuras criminales.

Según explicó, su administración podría solicitar la suspensión temporal de ciertas garantías individuales en zonas críticas, con el objetivo de facilitar operativos de seguridad y desmantelar células delictivas.

La medida, señaló, sería aplicada bajo criterios legales y únicamente en contextos donde la seguridad pública esté seriamente comprometida.

Un triunfo que le da margen político

El ascenso de Fernández al poder llega tras una elección en la que logró cerca del 48 por ciento de los votos, resultado que le permitió consolidarse como la próxima jefa del Ejecutivo costarricense.

Su victoria también se refleja en el Congreso, donde contará con 31 de los 57 diputados, una mayoría que podría facilitar la aprobación de las reformas que pretende impulsar.

Este respaldo legislativo representa un margen político considerablemente mayor al que ha tenido el gobierno actual, lo que abre la puerta a cambios estructurales en materia de seguridad y justicia.

Analistas señalan que esta correlación de fuerzas podría acelerar la implementación de una agenda orientada a contener el crecimiento del crimen organizado antes de que alcance niveles críticos.

Seguridad, prioridad en el nuevo gobierno

Las declaraciones de Fernández evidencian que la seguridad será uno de los pilares centrales de su administración.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado un aumento en homicidios relacionados con el narcotráfico y disputas entre grupos criminales, un fenómeno que ha encendido alertas dentro del país, tradicionalmente considerado uno de los más estables de la región.

Frente a este escenario, la futura mandataria insiste en que su gobierno buscará actuar de manera preventiva y contundente, evitando que las redes criminales consoliden estructuras permanentes.

Un cambio de rumbo en la política de seguridad

La postura de Fernández marca una posible reconfiguración del enfoque de seguridad en Costa Rica, país conocido por su modelo institucional basado en el respeto a las libertades civiles y la ausencia de ejército.

Sin embargo, el contexto regional y el crecimiento del crimen transnacional han obligado a replantear estrategias.

Para la presidenta electa, el desafío consiste en equilibrar la defensa del Estado de derecho con acciones firmes contra las organizaciones criminales, un reto que definirá buena parte de su gestión.

La nueva administración iniciará funciones con la promesa de reforzar la seguridad nacional y evitar que la violencia del crimen organizado marque el futuro del país.