La medida llega en un contexto de protestas sociales y ampliación gradual de derechos civiles
Irán, a 4 de febrero de 2026.- Irán autorizó oficialmente que las mujeres conduzcan motocicletas y obtengan la licencia correspondiente, una práctica que, aunque no estaba prohibida por ley, les había sido negada en la realidad.
La decisión fue tomada tras la firma de una resolución que clarifica el código de tráfico y obliga a las autoridades a proporcionar formación, exámenes y permisos bajo supervisión oficial. La medida se da en medio de años de lucha por mayores libertades tras las protestas iniciadas con la muerte de Mahsa Amini en 2022.
Una resolución que aclara una laguna legal
El gobierno de Irán oficializó este miércoles la autorización para que las mujeres obtengan licencias de conducir motocicletas, poniendo fin a una práctica ampliamente cuestionada. Aunque el código de tránsito nunca prohibió explícitamente que las mujeres condujeran motocicletas, durante décadas la implementación de la ley fue restrictiva y las autoridades de tráfico se negaban a emitir permisos a las solicitantes.
La medida fue formalizada mediante una resolución firmada por el vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, tras ser aprobada por el gabinete a finales de enero, según reportó la agencia estatal de noticias. La nueva normativa instruye a la policía de tránsito para que organice cursos de formación, exámenes supervisados y la emisión de licencias para mujeres que lo soliciten.
Este cambio tiene un significado simbólico y práctico: abre espacios de movilidad personal y amplía el reconocimiento de derechos para las mujeres dentro de un país donde las normas sociales han limitado históricamente su libertad.
Contexto social y protestas en Irán
La decisión surge en un momento particularmente sensible dentro de la política iraní, marcada por protestas antigubernamentales y un llamado constante por mayores libertades civiles. Desde 2022, cuando la joven Mahsa Amini murió bajo custodia tras ser arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta, miles de mujeres y hombres salieron a las calles para reclamar cambios estructurales en el país.
Las autoridades han reportado más de 3 mil fallecidos en el marco de las protestas, aunque organizaciones independientes estiman que la cifra podría ser significativamente mayor, con decenas de miles de manifestantes muertos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
En paralelo, muchas mujeres han comenzado a desafiar normas rígidas, incluyendo la vestimenta y la movilidad pública, elevando la presencia femenina en espacios que antes eran considerados tabú, como la conducción de motocicletas.
La voz de las mujeres al volante
Para algunas mujeres, esta autorización llega con retraso, pero representa un avance esperado. Saina, una empleada de publicidad de 33 años que conduce motocicleta desde hace seis meses, afirmó a la AFP que la medida “llega demasiado tarde” y que, aunque no es el principal problema de la sociedad iraní, simboliza un paso adelante en la lucha por derechos básicos.
Desde la revolución islámica de 1979, las mujeres han enfrentado restricciones sociales, incluyendo normas estrictas de vestimenta y reglas implícitas sobre la participación en ciertas actividades públicas. Aun así, en los últimos meses, muchas mujeres han desafiado esas barreras, con un aumento visible de motociclistas femeninas en calles urbanas.
Hacia una convivencia de derechos y cambios culturales
La autorización para emitir licencias de motocicleta a mujeres no solo aclara un vacío legal, sino que refrenda una transformación gradual en la percepción de roles y derechos dentro de la sociedad iraní. Aunque todavía queda un largo camino por recorrer en materia de igualdad y libertades civiles, decisiones como esta evidencian la influencia que las movilizaciones sociales pueden tener en las políticas públicas.
En el cruce entre tradición y modernidad, la conducción femenina de motocicletas se vuelve no solo un acto cotidiano, sino también un símbolo de reivindicación personal y colectiva.
La decisión marca un avance legal que atiende demandas sociales por igualdad y reconocimiento de derechos, en un país cuya transformación continua es seguida con atención a nivel mundial.
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