La normativa promueve servicios diferenciados, educación inclusiva y sanciones contra la discriminación.jpg)
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Yucatán, a 7 de febrero de 2026.- Yucatán marcó un hito en materia de inclusión y derechos humanos con la entrada en vigor de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas Autistas del Estado, publicada oficialmente en el Diario Oficial este 6 de febrero de 2026, convirtiéndose en un instrumento legal que obliga a garantizar acceso digno a servicios de salud, educación y empleo a las personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias.
Una ley construida con diálogo social
La aprobación de esta ley fue el resultado de un proceso legislativo amplio, iniciado meses atrás con la apertura de foros, consultas ciudadanas y parlamentos abiertos en los que participaron personas con autismo, familiares, especialistas, organizaciones civiles y legisladores de distintas bancadas.
El dictamen fue respaldado por unanimidad por las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social y de Desarrollo Humano del Congreso del Estado, reflejando un consenso político en torno a la necesidad de brindar un marco normativo sólido que responda a las demandas históricas de justicia e inclusión para las personas autistas.
Este proceso incluyó la escucha activa de testimonios, experiencias y propuestas de la sociedad, especialmente de quienes viven el autismo en Yucatán, con el objetivo de que la ley refleje las realidades reales de esta comunidad y no se limite a un documento teórico.
Qué establece la nueva ley
La normativa publicada reconoce el autismo como parte de la neurodiversidad humana y no como una enfermedad, dando un enfoque de respeto a la condición individual y promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades.
Entre sus alcances principales destacan:
Se obliga a las autoridades a garantizar servicios de salud con personal capacitado, evitando diagnósticos tardíos o trato inadecuado para las personas con TEA.
Educación y ajustes razonables
La ley ordena la inclusión educativa en escuelas públicas y privadas con ajustes razonables para facilitar la permanencia y el aprendizaje de quien vive con autismo.
Se promueven oportunidades de trabajo digno sin discriminación, con políticas públicas que fomenten la inserción laboral de las personas autistas en igualdad de condiciones.
Se contempla capacitación, orientación y acompañamiento psicológico y social para madres, padres, cuidadores y familiares, atendiendo así una necesidad esencial del entorno que rodea a las personas con autismo.
*Comisión Intersecretarial y estadísticas
Se crea una Comisión Intersecretarial que coordinará acciones entre dependencias estatales y municipales para evitar la fragmentación de servicios. Además, se impulsará la generación de estadísticas para dimensionar la población con TEA y sus necesidades.
La ley no sólo promueve derechos, sino que también establece prohibiciones y sanciones claras para prácticas discriminatorias. Entre las conductas sancionables se encuentran:
· Negar atención médica o terapias por la condición de autismo.
· Rechazar la inscripción o permanencia escolar.
· Permitir maltrato, acoso o violencia en entornos educativos, laborales o sociales.
· Negar acceso a servicios públicos o a la justicia por motivos de autismo.
Estas sanciones buscan no sólo garantizar acceso a derechos, sino también crear entornos más seguros, respetuosos y libres de prejuicios para quienes han enfrentado barreras históricas.
Una ley que trasciende el papel
Más allá de su publicación en el Diario Oficial, esta nueva ley representa un paso significativo en la agenda de inclusión y derechos humanos en México, reconociendo la dignidad de las personas con autismo y su derecho a una vida plena. La normativa sienta las bases para políticas públicas integrales en salud, educación, empleo y desarrollo social, y aspira a generar cambios tangibles en la calidad de vida de miles de yucatecos.
Desde su lógica interpretativa, esta ley también repara una deuda histórica en Yucatán con la comunidad TEA, que por años ha luchado por ser visibilizada y atendida de forma respetuosa, digna y con equidad.
Esta normativa marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas con autismo y sus familias, sentando un precedente de justicia social que podría inspirar a otras entidades del país.
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