Exigen destitución inmediata de Javier Tapia Santoyo por presuntos desvíos y contratos irregulares en el IPN e ISSSTE

Secretaría Anticorrupción documenta enriquecimiento oculto y red de contratos amañados

México, a 1 de diciembre de 2025.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó la separación urgente de Javier Tapia Santoyo, secretario de Administración del IPN, tras acreditar indicios de enriquecimiento ilícito, manipulación de contrataciones y desvíos millonarios tanto en el Politécnico como durante su gestión en el ISSSTE. Las irregularidades incluyen contratos por más de 2,500 millones de pesos y una supuesta red de empresas fantasma beneficiadas con recursos públicos.

Un funcionario bajo la lupa: acusaciones que cimbran al IPN

La petición de destitución de Javier Tapia Santoyo llega en un momento en que el Instituto Politécnico Nacional ya enfrentaba reclamos internos por falta de pagos y opacidad en sus procesos administrativos. El expediente, al que REFORMA tuvo acceso, describe un patrón sostenido de irregularidades que conecta dos instituciones: el IPN y el ISSSTE.

La Secretaría Anticorrupción advierte que permitir que Tapia permanezca en funciones implica un riesgo real de manipulación de pruebas.

Contratos millonarios en el IPN: el “cártel de la limpieza” y un proceso dirigido

Una de las piezas centrales de la investigación es el contrato otorgado por Tapia Santoyo a la empresa Servicios Integrales Retimar, señalada por su participación en el llamado “cártel de la limpieza”, un grupo de compañías que han acumulado adjudicaciones en dependencias públicas pese a constantes observaciones.

El contrato asciende a 2,500 millones de pesos, aprobado de manera plurianual para los ejercicios 2025 a 2028.

La Secretaría Anticorrupción acusa que el funcionario limitó la libre competencia y dirigió la licitación hacia un proveedor específico, contraviniendo los principios de imparcialidad y transparencia.

La inconformidad era evidente: apenas una semana antes, personal de limpieza del IPN protestó por la falta de pagos, mientras la administración negociaba contratos multimillonarios para los próximos cuatro años.

Rastros del ISSSTE: depósitos sospechosos y red de empresas fantasma

La investigación no solo se enfoca en el Politécnico. Las irregularidades se extienden al periodo 2019–2022, cuando Tapia Santoyo se desempeñó como tesorero del ISSSTE.

Durante esa etapa, recibió depósitos en cuentas propias y en empresas vinculadas a él: Human Mobile Systems y Labi Scientific.

Los investigadores detectaron presuntos desvíos a través de empresas fantasma, entre ellas Interacción Biomédica, que habrían recibido más de 1,613 millones de pesos por la supuesta venta de insumos médicos.

De acuerdo con el expediente, este esquema habría permitido que recursos públicos se dispersaran sin control ni justificación, constituyendo indicios de enriquecimiento ilícito y abuso de funciones.

Medidas urgentes: suspensión, bloqueo de cuentas y retiro de acceso institucional

Para evitar obstrucción de la investigación, la Secretaría Anticorrupción ordenó:

Suspensión inmediata del cargo.

Retiro de acceso a correo institucional.

Bloqueo a todos los sistemas del IPN donde tuviera permisos.

Restricción en el uso de recursos públicos.

El documento advierte que Tapia podría “entorpecer, manipular o eliminar pruebas” si continúa en funciones, por lo que la separación es considerada prioritaria para el avance de la indagatoria.

Interpretación: un golpe a la credibilidad institucional

El caso expone un problema más profundo: la vulnerabilidad de las instituciones educativas y de salud ante redes de corrupción que se aprovechan de los sistemas de contratación.

Tapia Santoyo representa, según el expediente, un ejemplo de cómo un funcionario puede concentrar poder administrativo suficiente para dirigir licitaciones, beneficiar a proveedores y encubrir flujos financieros personales.

La investigación también pone sobre la mesa la desconexión entre la administración y las necesidades reales de trabajadores y usuarios. Mientras se destinaban miles de millones a contratos irregulares, el IPN enfrentaba protestas por la falta de pagos a su personal de limpieza.