Buscan castigar la explotación financiera de adultos mayores y blindar la Pensión del Bienestar

La iniciativa apunta a frenar una violencia silenciosa que ocurre, en muchos casos, dentro del entorno familiar

México, a 28 de diciembre de 2025.- Aunque la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha consolidado como uno de los principales apoyos sociales en México, también ha abierto la puerta a una forma de violencia poco visible: la explotación financiera. Ante esta realidad, la diputada Azucena Huerta Romero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de prevenir y sancionar de manera específica el abuso económico contra este sector.

La otra cara de la política social

La pensión para adultos mayores ha significado un alivio económico para millones de personas; sin embargo, también ha expuesto a muchos beneficiarios a prácticas abusivas que rara vez salen a la luz. Retención de tarjetas bancarias, uso no autorizado del dinero, fraudes digitales y presiones emocionales para entregar recursos son conductas que, de acuerdo con especialistas, se repiten con frecuencia y suelen cometerse por personas cercanas a la víctima.

Datos de la UNAM, el INEGI y la Condusef revelan que al menos tres de cada diez personas adultas mayores han sufrido algún tipo de maltrato, y una proporción considerable corresponde a violencia económica, un delito que muchas veces queda impune por ocurrir dentro del núcleo familiar.

Un marco legal que no alcanza

Actualmente, estos casos suelen encuadrarse en el delito de abuso de confianza, el cual se persigue únicamente por querella. Esto implica que la persona adulta mayor debe denunciar formalmente a un hijo, nieto o cuidador del que, en muchos casos, depende para su subsistencia diaria.

Este contexto coloca a la víctima en una situación de vulnerabilidad extrema, pues denunciar puede significar perder apoyo, cuidado o incluso un techo, lo que inhibe el acceso a la justicia y perpetúa el abuso.

La propuesta: un delito con nombre y apellido

Ante esta realidad, la diputada Azucena Huerta Romero presentó una iniciativa para crear un tipo penal específico denominado “Explotación Financiera de la Persona Adulta Mayor”, reconociendo la particular vulnerabilidad de este sector y el abuso de la relación de confianza.

La propuesta plantea adicionar el Capítulo III Quater al Código Penal Federal, bajo el título “Explotación Financiera de Personas Adultas Mayores”, así como la incorporación del artículo 390 Ter, con el que se tipifica de manera expresa esta conducta.

El nuevo marco legal establece que comete delito quien, aprovechándose de una relación de confianza, autoridad o ventaja —derivada del parentesco, tutela, relación laboral o cualquier forma de dependencia— controle, use o se apropie indebidamente de los bienes, recursos económicos o pensión de una persona mayor de 65 años, sin que exista un consentimiento libre e informado.

Sanciones y persecución de oficio

La iniciativa contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, además de multas que van de 200 a 500 días, las cuales podrían incrementarse hasta en un 50 por ciento cuando la víctima presente alguna discapacidad o limitación que le impida comprender plenamente los hechos o defenderse del abuso.

Uno de los cambios más relevantes es que este delito se persiga de oficio, eliminando la carga de la denuncia directa sobre la persona afectada y permitiendo que cualquier ciudadano, funcionario o trabajador social pueda alertar a las autoridades.

Bancos y prevención: un nuevo rol

La propuesta también plantea reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fortalecer la prevención. Entre ellas, destaca la obligación de las instituciones financieras de establecer protocolos de detección temprana de movimientos irregulares que puedan indicar explotación financiera o fraude.

De aprobarse, los bancos se convertirían en actores clave para identificar patrones sospechosos y reportarlos oportunamente, cerrando una de las principales brechas por donde se cuela este tipo de violencia.

Impacto social y enfoque de género

La iniciativa incorpora una perspectiva de género al reconocer que las mujeres adultas mayores suelen ser las principales víctimas de la explotación financiera, debido a que viven más años, cuentan con menos ingresos propios y enfrentan mayores niveles de dependencia.

El objetivo final, según la propuesta, es garantizar que los recursos de la pensión cumplan su propósito original: asegurar una vejez digna, autónoma y libre de violencia económica.