Diputados avalan cambios a la Constitución para agilizar el nombramiento y acotar el periodo del cargo
Xalapa, Ver., a 26 de noviembre de 2025.- Con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que transforma el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reduce la duración del cargo a cuatro años, con posibilidad de ratificación. La modificación, presentada por comisiones unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Procuración de Justicia, busca evitar vacíos institucionales y acelerar la toma de decisiones. Mientras Morena, PVEM, PT y MC celebraron el rediseño como un avance hacia la eficiencia, PAN y VNU alertaron sobre la pérdida de autonomía y la concentración de poder en el Ejecutivo.
Una reforma de fondo para la estructura de justicia
La LXVII Legislatura aprobó un dictamen que redibuja la arquitectura institucional de la Fiscalía General del Estado.
Las iniciativas, presentadas en noviembre de 2024 por el diputado Diego Castañeda Aburto y en junio de 2025 por los legisladores Elizabeth Morales García y Ramón Díaz Ávila, alimentaron un análisis que culminó en un modelo que promete mayor coordinación entre poderes y decisiones más ágiles.
El espíritu de la propuesta, según el dictamen, es transitar de un esquema que ha generado “parálisis institucional y vacíos de responsabilidad” hacia uno que ponga en el centro la eficacia, la rendición de cuentas y la claridad en la responsabilidad política.
¿Qué cambia en la designación del Fiscal General?
La reforma establece que:
· El nombramiento será propuesto por la persona titular del Poder Ejecutivo.
· El Congreso deberá votar la propuesta en un plazo máximo de cinco días hábiles.
· La elección requerirá mayoría calificada: dos terceras partes de los diputados presentes.
· Si el Congreso no decide en el plazo, la propuesta se considerará aprobada automáticamente.
En caso de rechazo, el Ejecutivo enviará una segunda propuesta que deberá votarse en dos días hábiles. Si esta también es rechazada o no se vota, el Ejecutivo podrá designar directamente al titular de la FGE entre ambas propuestas enviadas.
Duración del cargo y posibilidad de ratificación
Otro cambio crucial es la reducción del periodo del Fiscal General a cuatro años, con la posibilidad de ser ratificado por el Ejecutivo para un segundo y último periodo igual.
El Congreso únicamente será notificado para la toma de protesta.
Asimismo, se establece que el titular de la FGE podrá ser removido por el Ejecutivo por causas graves. Si el Congreso objeta la remoción con mayoría calificada dentro de cinco días, la persona será restituida; si no hay pronunciamiento, la destitución queda firme.
Las voces a favor: eficiencia, coordinación y un modelo más ágil
Morena
La diputada Ingrid Jeny Calderón sostuvo que la reforma permitirá un sistema de procuración de justicia “justo, digno e imparcial”, y destacó que refuerza la cultura de paz promovida por la gobernadora Rocío Nahle García.
PVEM
El diputado Carlos Marcelo Ruiz afirmó que el nuevo modelo elimina vacíos constitucionales, reduce tiempos inoperantes y fortalece la coordinación entre poderes, otorgando certeza al proceso.
PT
Ramón Díaz Ávila celebró el tránsito hacia un modelo “más alineado con las demandas sociales”, que evita ciclos largos transexenales y permite estrategias actualizadas.
MC
Adrián Sigfrido Ávila Estrada consideró que el esquema es constitucional y moderno, destacando que la duración acotada del cargo propiciará una evaluación más efectiva del desempeño.
Las voces en contra: riesgos para la autonomía
PAN
Indira Rosales San Román advirtió que la reforma representa “un grave retroceso”, al concentrar en una sola persona —el titular del Ejecutivo— el poder sobre la Fiscalía. Señaló que el cambio elimina garantías para quienes buscan justicia.
VNU
Montserrat Ortega Ruiz dijo que la reforma trastoca el equilibrio institucional, afecta la independencia del organismo autónomo y compromete la confianza ciudadana en la lucha contra la impunidad.
La diputada María Elena Córdova Molina, Elizabeth Morales García y el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo participaron también en el debate, subrayando posturas a favor y en contra en un ejercicio que evidenció el peso político de la decisión.
El proceso siguiente: revisión en los municipios
Al tratarse de reformas constitucionales, la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos, instruyó enviar el decreto a los 212 municipios de Veracruz para su valoración, como exige la Ley Reglamentaria del Artículo 84.
Una vez que la mayoría de los ayuntamientos lo apruebe, la reforma quedará formalmente integrada a la Constitución local.
Apuesta política que redefine equilibrios
La aprobación de esta reforma abre una nueva etapa para la procuración de justicia en Veracruz.
Para sus defensores, es una pieza clave en la modernización institucional; para sus detractores, un riesgo de concentración de poder y debilitamiento de contrapesos.
En cualquier caso, el proceso de revisión municipal y la próxima designación del Fiscal General serán determinantes para medir el impacto real de una reforma que podría reconfigurar, para bien o para mal, el equilibrio político y la confianza ciudadana en las instituciones.
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