Ejido Morocoy inicia juicio agrario contra el INAH; exigen parte de ingresos turísticos de Dzibanché y Kohunlich

El caso, presentado ante el Tribunal Unitario Agrario de Chetumal, podría extenderse por meses debido a su complejidad legal y patrimonial.

Quintana Roo, a 27 de noviembre de 2025.- Habitantes del ejido Morocoy dieron inicio a un juicio agrario contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante el cual buscan obtener una compensación económica por los ingresos generados a través de la venta de boletos de acceso a las zonas arqueológicas de Dzibanché y Kohunlich, asentadas —según señalan— dentro o en colindancia directa con terrenos de propiedad social. Los ejidatarios aseguran que, pese al creciente flujo turístico, nunca han recibido beneficio alguno y reclaman el reconocimiento de sus derechos agrarios.

El origen del conflicto: turismo en tierras ejidales

Los representantes del ejido Morocoy presentaron formalmente la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario con sede en Chetumal, argumentando que desde hace décadas parte de las superficies que conforman las zonas arqueológicas se encuentran dentro del área de influencia de sus tierras ejidales.

Carlos Poot Mis, delegado del ejido, explicó que la comunidad ha sido paciente ante el desarrollo turístico de la región, pero que la falta de beneficios directos ha generado un ambiente de inconformidad:

“Las zonas siguen creciendo en visitantes, pero al ejido nunca llega nada. Se aprovechan nuestras tierras para el turismo y la comunidad no recibe ninguna retribución”, expresó durante su intervención.

La afluencia turística en Dzibanché y Kohunlich ha aumentado de manera constante, particularmente tras el fortalecimiento de rutas arqueológicas en el sur del estado, lo que para los habitantes representa una oportunidad desaprovechada para el desarrollo social local.

Negociaciones fallidas y el camino hacia el juicio

De acuerdo con los ejidatarios, desde 2022 han sostenido reuniones con autoridades federales para buscar convenios de colaboración o esquemas que permitieran compartir parte de los ingresos por entradas, sin que se lograra un acuerdo.

Los representantes legales del ejido aseguran que, aunque reconocen la autoridad del INAH para conservar y administrar los monumentos arqueológicos, esto no anula los derechos agrarios sobre la tierra donde se ha detonado la actividad turística:

“Reconocemos la labor del INAH en la protección del patrimonio, pero también exigimos que se respeten nuestros derechos. Las zonas están dentro de terrenos que históricamente han sido del ejido”, afirmaron durante la audiencia inicial.

En esta primera sesión, los abogados solicitaron que se analice la delimitación exacta de los polígonos donde se encuentran los vestigios prehispánicos, además de exigir que se reconozca la participación del ejido en los beneficios económicos.

Lo que se pide: reparto de beneficios y proyectos comunitarios

La propuesta del ejido Morocoy contempla que un porcentaje de los ingresos generados por la venta de boletos se destine a:

Proyectos comunitarios.

Obras de infraestructura básica.

Programas de conservación ambiental.

Acciones de desarrollo regional.

Para la comunidad, estos recursos representarían una forma de equilibrar el impacto del turismo en sus tierras y fortalecer la economía local sin afectar el funcionamiento de las zonas arqueológicas.

La postura del INAH y el proceso legal por venir

Hasta el momento, el INAH no ha emitido una postura pública definitiva. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso señalaron que podría solicitar estudios técnicos de colindancias o presentar documentos históricos que acrediten la tenencia federal del suelo donde se encuentran Dzibanché y Kohunlich.

El tribunal analizará estos elementos en las próximas semanas; no obstante, especialistas en materia agraria adelantan que este juicio podría prolongarse debido a su naturaleza:

Participan instituciones federales.

Se involucra patrimonio cultural bajo protección de ley.

Existen disputas sobre delimitación territorial.

El caso combina aspectos agrarios, turísticos y arqueológicos.

Implicaciones sociales y significado para la comunidad

Los habitantes del ejido Morocoy enfatizaron que su objetivo no es obstaculizar el turismo ni afectar el patrimonio, sino lograr que la actividad económica generada en su territorio aporte al bienestar colectivo.

“No queremos cerrar nada ni causar problemas. Solo buscamos que el desarrollo también incluya a la comunidad que siempre ha habitado estas tierras”, reiteraron los representantes ejidales.

Este conflicto, además de su dimensión jurídica, revela la tensión existente entre la protección del patrimonio arqueológico y los derechos de propiedad social en diversas regiones del país, especialmente donde el turismo ha crecido sin mecanismos de reparto equitativo.