Cuatro exmilitares irán a juicio por masacre de 1981
El caso revive heridas del conflicto armado salvadoreño
El Salvador, a 19 de noviembre de 2025.- El Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel ordenó la apertura a juicio contra cuatro exmilitares acusados de integrar un Escuadrón de la Muerte responsable del asesinato de cinco personas en abril de 1981. El proceso retoma uno de los episodios más violentos del conflicto armado y aviva el debate sobre justicia transicional.
La decisión judicial
En una audiencia especial realizada este martes, el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel resolvió enviar a juicio a José de la Cruz Orellana, Ángel Aníbal Alvarado Benítez, José Inés Benavides Martínez y Luis Alonso Benavides Polio.
La Fiscalía General los acusa de asesinato, privación de libertad, asociaciones ilícitas y delitos contra las leyes o costumbres de guerra.
La resolución llega tras una larga ruta judicial que incluye la acusación formal presentada en septiembre de 2022 y detenciones ejecutadas desde agosto de 2021.
El crimen: una noche marcada por la brutalidad
Según el Ministerio Público, la estructura paramilitar operaba en el cantón San Andrés y zonas cercanas, en el departamento de San Miguel.
El 7 de abril de 1981, un grupo de hombres armados y con uniforme militar habría irrumpido en viviendas de la zona, sacando por la fuerza a cinco habitantes.
Días después, los cuerpos de Ángel María Chávez Benavides, María Verónica Ernestina Aguilar de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Antonio Magaña Castellón y Rogelio de la Cruz Magaña fueron hallados semienterrados, con señales de tortura y impactos de bala, a un costado de la carretera hacia San Alejo, La Unión.
La escena, descrita por la Fiscalía, refleja el patrón de violencia sistemática atribuido a los Escuadrones de la Muerte durante la guerra civil.
Un caso que reabre debates históricos
El proceso judicial se inserta en un contexto donde organizaciones civiles exigen al Estado cumplir medidas cautelares de la CIDH, revisar políticas para veteranos y esclarecer violaciones a derechos humanos.
La audiencia también coincide con movilizaciones de excombatientes que piden atención institucional y reformas al INABVE.
El juicio, aunque tardío, es visto por analistas como un intento de saldar deudas históricas, pese a las tensiones que persisten en torno al acceso a archivos militares y la reparación a víctimas.
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