Sheinbaum impulsa reforma histórica para declarar al agua como derecho humano y frenar su mercantilización
“Estamos enviando una iniciativa que devuelve el agua para uso de la nación (…) se recupera el derecho al agua”, destacó la mandataria durante su conferencia mañanera, acusando al expresidente Carlos Salinas de Gortari de impulsar, en 1992, una reforma que convirtió al agua en un bien comercializable y descontroló las concesiones existentes.
Sheinbaum reconoció que el agua es un recurso cada vez más escaso y subrayó la necesidad de establecer un ordenamiento claro que asegure el acceso al líquido vital. La propuesta contempla que, aunque las concesiones seguirán existiendo, ya no podrán ser objeto de comercio.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, explicó que la Ley General de Aguas regulará el artículo 4 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
La iniciativa define planes, programas y estrategias para garantizar el derecho humano al agua, establece las competencias de los tres niveles de gobierno en política hídrica y contempla la creación de sistemas comunitarios de agua, especialmente bajo la coordinación de núcleos y comunidades indígenas.
El director de Conagua alertó que existen más de 58 mil concesiones irregulares en todo el país. La reforma prevé medidas concretas para evitar el mercado negro del agua:
· Prohibición de transmisión de títulos de concesión entre particulares.
· Eliminación de cambios de uso de las concesiones de agua.
· Creación de un Registro Nacional del Agua.
· Sanciones penales y económicas contra la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, corrupción en concesiones y desvío ilegal de caudales, con penas de 1 a 10 años de prisión y multas de 300 a 4 mil días de salario mínimo, perseguidas de oficio.
“El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un bien estratégico de la nación y un derecho humano”, enfatizó Morales, marcando un cambio de paradigma en la política hídrica nacional.
Esta iniciativa representa un momento histórico en la gestión del agua en México, poniendo énfasis en la justicia social y la preservación del recurso para las generaciones futuras. Con esta reforma, el gobierno federal busca frenar décadas de explotación privada y consolidar un sistema donde el agua sea accesible para todos y no un instrumento de lucro.
El Congreso ahora deberá debatir y aprobar las reformas, mientras organizaciones civiles y comunitarias observan con atención, conscientes de que este cambio podría redefinir la manera en que México administra su recurso más vital.
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