Expropian terrenos de familiares de “Alito” Moreno para levantar la Universidad Rosario Castellanos en Campeche
La medida, publicada este miércoles en el Periódico Oficial del Estado, marca un giro de alto voltaje en la política campechana, pues toca directamente a las redes patrimoniales del hoy dirigente nacional del PRI, quien desde Washington acusa a Morena de “narcodictadura” mientras en su tierra natal sus propiedades y las de su círculo familiar entran al mapa de utilidad pública.
La gobernadora Layda Sansores San Román detalló que la expropiación comprende cuatro predios:
· Polígono I del predio “Miramar”: 14,557.681 m² (1.45 ha), a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno.
· Fracción I del Polígono II “Miramar”: 1,111.245 m² (0.11 ha), de propiedad de Juan José Salazar Ferrer, empresario cercano.
· Predio en Av. Resurgimiento s/n, Fracc. Miramar: 52,175.57 m² (5.21 ha), también de Salazar Ferrer.
· Predio en Av. Resurgimiento s/n, Fracc. Miramar: 20,081.81 m² (2.01 ha), perteneciente a Rafael Arturo y Gabriela Castilla Azar, familiares políticos de “Alito”.
En conjunto, la superficie total suma 87,926.306 m², es decir, 8.79 hectáreas.
De acuerdo con la mandataria estatal, el proceso está respaldado por la reforma a la Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad del Estado de Campeche, que fortalece las facultades del Ejecutivo para destinar terrenos privados a obras de interés social en materia educativa, de salud y servicios estratégicos.
Los propietarios conservarán el derecho a audiencia y a negociar la indemnización correspondiente, conforme a lo establecido por la ley.
Sansores calificó la decisión como un paso necesario para avanzar en un proyecto largamente demandado por los campechanos:
“Hoy hicimos un acto que yo creo que es un acto de justicia. Se aprobó una nueva Ley de Expropiación que tenía a los campechanos muy nerviosos, pero el objetivo es claro: poner estos espacios al servicio de la educación. Tenemos pocos recursos, pero un terreno privilegiado, que hasta ahora había sido un símbolo del exceso y la riqueza desmedida, se convertirá en la base de una universidad pública”, afirmó en su programa “El martes del jaguar”.
La mandataria recordó que esos terrenos fueron utilizados como espacios de recreación privada, con bardas, jardines, canchas deportivas, boliche, cine privado y hasta albercas modificadas a capricho. “Ahora será un espacio para jóvenes, médicos, enfermeras, investigadores. Pasará de ser un lujo de unos pocos a un bien común”, subrayó.
La medida ocurre en paralelo a la gira internacional de Alejandro Moreno, quien desde Washington busca apoyo entre congresistas estadounidenses, denunciando supuestos nexos de Morena con el crimen organizado y alertando sobre la instauración de una “narcodictadura” en México.
El contraste no pasó desapercibido en el escenario nacional: mientras “Alito” pide respaldo internacional, su estado de origen da un golpe contundente a su legado patrimonial y simbólico.
La Universidad Nacional Rosario Castellanos será un proyecto estratégico en materia educativa, enfocado en la formación en ciencias de la salud, una de las áreas con mayor déficit en el sureste del país.
Según Sansores, la decisión busca que Campeche deje de ser un estado expulsor de jóvenes que migran a otras ciudades en busca de estudios superiores y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema estatal de salud con profesionales formados en territorio campechano.
“Es una apuesta de futuro —señaló—: de terrenos de lujo pasamos a laboratorios, aulas y hospitales universitarios. Ese es el cambio que nos corresponde hacer con responsabilidad y visión”.
El caso no solo es relevante por el destino de la tierra expropiada, sino por lo que significa: la primera aplicación de la nueva Ley de Expropiación en Campeche bajo un marco legal renovado y, además, la intervención directa en propiedades vinculadas a uno de los políticos más influyentes —y controvertidos— del país.
El mensaje político es claro: los bienes que alguna vez simbolizaron poder privado y privilegio exclusivo pueden transformarse en patrimonio social.
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