Matrimonios forzados persisten en comunidades indígenas de la Montaña en Guerrero, denuncian organizaciones civiles
En entrevista, Arias señaló que desde 2020 se anunciaron acciones concretas para frenar estas uniones, incluyendo la firma de convenios en municipios considerados “focos rojos”, como Xochistlahuaca, Cochoapa el Grande y Metlatónoc. Sin embargo, la activista lamentó que muchas de estas medidas se hayan quedado en el papel, pues en la práctica las autoridades comunitarias, especialmente los comisarios, continúan avalando matrimonios de niñas contra su voluntad.
“Tenemos casos emblemáticos en Cochoapa y Metlatónoc, donde las niñas fueron privadas de la libertad para obligarlas a casarse o a devolver el dinero entregado a cambio de ellas”, denunció Arias.
La abogada explicó que, en algunos casos, cuando las menores se niegan a cumplir los acuerdos pactados por sus familias, son encarceladas dentro de sus propias comunidades como una forma de presión.
A pesar de que el Congreso estatal reformó el Código Penal para tipificar la “cohabitación forzada”, Arias enfatizó que la ausencia de protocolos claros de atención impide que las instituciones den respuestas efectivas.
“El DIF estatal y los municipales no tienen rutas claras de actuación. Cuando rescatan a una niña, la trasladan a una casa hogar donde permanece encerrada, sin un plan integral para garantizar sus derechos y su reinserción”, señaló la abogada.
La visibilización de algunos casos a través de redes sociales ha hecho que los matrimonios forzados ahora se realicen de manera clandestina, aunque continúan siendo avalados por autoridades comunitarias. Arias denunció que las familias que se atreven a denunciar son estigmatizadas y, en ocasiones, desterradas de sus comunidades.
La activista insistió en que la atención al problema debe ser estructural y educativa, involucrando a escuelas, maestros y programas educativos que difundan los derechos de las niñas y adolescentes.
“Es urgente que desde los libros y la enseñanza se aborde que los matrimonios infantiles están prohibidos y que constituyen una violación a los derechos humanos”, concluyó Arias.
Esta denuncia resalta la urgencia de que las autoridades locales y estatales implementen estrategias efectivas y coordinadas, que combinen prevención, educación y atención integral, para garantizar que las niñas indígenas de la Montaña puedan ejercer sus derechos sin coacción ni violencia.
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