Marinos en la mira de la FGR: investigan a capitán y oficiales por presunto tráfico de hidrocarburos
De acuerdo con la carpeta de investigación, Sario Pichal, quien se desempeñaba como subdirector de Operación Aduanal, autorizó que el diésel fuera registrado como “aditivo para aceites y lubricantes”, con el objetivo de evadir el pago de impuestos. Además, permitió la entrada de pipas de las empresas Mefra Fletes y Autolíneas Roca para transportar el combustible, lo que generó un presunto desfalco millonario.
Tras los reportajes difundidos por En Punto en marzo, Sario Pichal fue removido de su cargo en Guaymas y enviado a la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, aunque actualmente permanece activo en el área de Logística.
Agentes de Inteligencia Criminal de la FGR señalan que el capitán habría recibido sobornos a cambio de manipular documentos y cambiar las rutas de los buques para evitar ser detectados. Durante los dos años que estuvo en la aduana de Guaymas (del 16 de mayo de 2023 al 15 de marzo de 2025), visitó otros puertos sin comisiones oficiales y mantuvo contacto con verificadores de Asipona y representantes de Intanza, empresa acusada de presentar documentos falsos para acreditar la propiedad del combustible.
La investigación también involucra a Climaco Aldape Utrera, capitán de Navío del Servicio de Justicia Naval, y al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ambos enviados a la Décima Región Naval y detenidos el 3 de septiembre. Aldape Utrera es señalado como uno de los cuatro principales operadores del mercado criminal de hidrocarburos, con actividades en Veracruz, La Paz, Manzanillo, Puerto Vallarta, Salina Cruz y Huatulco.
De acuerdo con la UIF, Aldape constituyó en abril de 2024 en Veracruz la empresa Grupo Ald-Cam Agroindustria, S. de R.L., junto con su esposa, miembro de las fuerzas armadas, presuntamente para lavar dinero proveniente del tráfico de hidrocarburos, usando además cuentas de familiares para realizar depósitos y retiros millonarios.
La FGR documentó que Aldape facilitaba el regreso de embarcaciones a mar abierto cuando presentaban problemas para acreditar la carga y redirigía buques al puerto de Lázaro Cárdenas si no lograban descargar el combustible. Estas acciones, según los agentes, habrían favorecido la continuidad de un mercado ilegal de hidrocarburos con impactos fiscales y legales graves.
La investigación sigue abierta y las autoridades mantienen bajo observación las operaciones de estos oficiales en distintos puertos, mientras se determinan responsabilidades legales y sanciones por su presunta participación en el contrabando de combustible y lavado de dinero.
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