“No eres bienvenido”: el trauma silencioso de niños migrantes amenazados por cartas del Gobierno
Muchos de estos menores, originarios de México y Centroamérica, ingresaron al país legalmente en 2014 bajo un programa humanitario como “menores no acompañados”. Hoy, una década después, mientras viven con padres o familiares en comunidades como Waukegan, enfrentan una nueva amenaza: la deportación sin proceso justo.
Las misivas, enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la Administración Trump, cancelan de forma discrecional sus permisos de entrada condicional y los instan a abandonar el país de inmediato bajo advertencias de posibles sanciones penales y multas.
“Imaginen qué pasa por la mente de un niño que apenas está entendiendo el mundo, y de pronto recibe una carta así del Gobierno. Es un horror psicológico”, denunció la pastora Julie Contreras, del santuario United Giving Hope.
Tres de estos menores, aterrados, acudieron con sus madres o tías a refugiarse en la iglesia de Contreras. Uno más fue dejado solo por sus padres, quienes temen ser detenidos si lo acompañan. Las cartas, que antes llegaban a adultos con antecedentes migratorios, ahora alcanzan a los más indefensos: los niños.
Aunque la ley de inmigración exige que los menores no acompañados sean protegidos y reciban asistencia legal, organizaciones humanitarias y abogados advierten que esas garantías están siendo eliminadas lentamente.
“Los están despojando de sus derechos como refugiados. No tienen cómo defenderse en la corte. Esto no es justicia, es persecución”, señaló Davina Casas, líder de la organización Monarquía.
Las cifras son contundentes: más de 53 mil niños migrantes han sido deportados desde el inicio del gobierno de Trump, incluyendo más de 15 mil menores de cuatro años y otros 20 mil entre los 4 y los 11 años, de acuerdo con datos de TRAC (Universidad de Syracuse).
En abril pasado, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8 mil 300 niños de 11 años o menos, muchos de ellos sin acceso a representación legal. En marzo, el gobierno federal incluso recortó los fondos para abogados de menores, agravando aún más su indefensión.
“Decían que perseguirían criminales, pero van contra niños. Es una crueldad disfrazada de política migratoria”, expresó Contreras.
La pastora y otros líderes comunitarios hacen un llamado urgente al Congreso y al Poder Judicial para detener esta ofensiva institucional contra la infancia migrante, y exigen el cumplimiento de la ley de protección infantil y de víctimas de trata.
“Lo que estamos viendo es la pérdida de la humanidad. Estas cartas no solo amenazan con deportaciones; le quitan a los niños la esperanza, la estabilidad y la seguridad que vinieron a buscar”, concluyó Contreras.
Hoy, cientos de menores viven en silencio una pesadilla jurídica, emocional y moral. Sus historias no llenan titulares, pero cada sobre con una orden de salida es una cicatriz que marcará sus vidas para siempre.
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