Miles en prisión sin sentencia: el drama invisible del sistema de justicia en Veracruz

Veracruz, Ver., a 20 de julio de 2025.- Más de la mitad de las personas encarceladas en Veracruz siguen esperando una sentencia. En 2024, el 54.8 % de la población penitenciaria del estado no había recibido un fallo judicial, según datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Estatal (CNSIPEE) publicado por el INEGI. La cifra revela una profunda crisis en el sistema de justicia penal: una justicia que no llega o llega tarde.

Este rezago no es un fenómeno aislado. El 41.1 % de las personas detenidas están sujetas a prisión preventiva justificada, mientras que el 13.7 % se encuentran en prisión preventiva oficiosa, una medida impuesta sin audiencia judicial previa en determinados delitos graves. Así, más de 4,700 personas viven privadas de su libertad sin haber sido declaradas culpables por un juez.

Un castigo sin juicio

La prisión preventiva, concebida como medida cautelar y no como castigo, se ha convertido en la práctica en una pena anticipada. Para quienes están tras las rejas sin sentencia, el encierro se convierte en un limbo legal, en una espera silenciosa marcada por la incertidumbre y, en muchos casos, por la pérdida de vínculos familiares, laborales y sociales.

Veracruz, con 8,601 personas privadas de la libertad, ocupa un lugar intermedio en términos absolutos frente a otras entidades, pero su porcentaje de internos sin sentencia lo coloca por encima del promedio nacional, que es del 56.4 %. El Estado de México, CDMX, Jalisco y Baja California lideran en número total de personas encarceladas, pero algunas de estas entidades presentan avances en procesos judiciales que Veracruz aún no alcanza.

Mujeres: doble invisibilización

El informe también evidencia una brecha de género en el uso de medidas cautelares. Entre las mujeres recluidas sin sentencia en Veracruz, el 44.0 % enfrenta prisión preventiva oficiosa y el 42.2 % justificada, porcentajes ligeramente superiores a los de los hombres (45.8 % y 40.9 %, respectivamente).

Esto sugiere que, además de enfrentar un sistema saturado y lento, las mujeres también cargan con un trato punitivo que no toma en cuenta su situación específica, como ser jefas de familia o estar en condiciones de mayor vulnerabilidad social.

¿Por qué están presas?

El delito más común entre las mujeres encarceladas es el relacionado con la salud (principalmente drogas), que representa el 26.7 %, seguido por el robo (14.1 %). En el caso de los hombres, destaca la violencia familiar (19.9 %), el robo (15 %) y el homicidio (8.9 %). Estos datos reflejan no solo el tipo de delitos más recurrentes, sino también las dinámicas sociales y económicas que influyen en la criminalización de ciertos sectores.

Recursos limitados, derechos vulnerados

A pesar de las cifras, el estado destinó en 2024 un presupuesto de 604.5 millones de pesos al sistema penitenciario, lo que lo ubica en la posición 14 a nivel nacional. La inversión, sin embargo, no parece suficiente para responder al volumen de población y al desafío de garantizar procesos judiciales eficaces y con respeto a los derechos humanos.

El uso excesivo de la prisión preventiva, aunque legal, ha sido duramente cuestionado por organismos nacionales e internacionales, que advierten que su aplicación indiscriminada puede derivar en violaciones al debido proceso, generar condiciones de hacinamiento y fomentar la criminalización de la pobreza.

Una deuda pendiente

Los datos revelan más que un rezago: hablan de una deuda del Estado con miles de personas. La justicia no debe medirse solo por sentencias emitidas, sino también por su oportunidad, imparcialidad y respeto a la dignidad humana.

Veracruz tiene la oportunidad —y la obligación— de revisar a fondo las causas del retraso procesal, de invertir no solo en custodiar, sino en garantizar justicia real y pronta. Porque una sociedad que normaliza el encierro sin juicio, es una sociedad que castiga sin escuchar.