Lo urgente sobre lo importante: la fórmula del nuevo presupuesto
Según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el gasto público comprometido en pensiones, transferencias y deuda pública ya representa el 80% del presupuesto federal para 2025. Eso deja apenas un 1.7% del PIB disponible para políticas públicas flexibles, una cifra que refleja la rigidez y el riesgo fiscal que enfrenta el país.
Los llamados “beneficios no contributivos” —como las pensiones para adultos mayores o personas con discapacidad— han sido el sello distintivo del actual régimen, particularmente desde 2019, cuando su proporción dentro del gasto del Ramo 20 Bienestar superó el 70%, convirtiéndose en el programa más voluminoso del ramo.
El gasto en pensiones —contributivas y no contributivas— alcanzará los 2.16 billones de pesos en 2025, el equivalente al 6% del PIB, cifra que absorbe prácticamente toda la recaudación del IVA y del IEPS.
Si bien estos programas ayudan a reducir la pobreza y la vulnerabilidad de ciertos sectores, analistas advierten sobre sus efectos sustitución, como la reducción del apoyo intrafamiliar, y sobre incentivos perversos, como el desinterés laboral en jóvenes. Además, la distribución de estos beneficios no es necesariamente equitativa: estudios revelan que la población con mayores ingresos termina recibiendo una parte desproporcionada de las pensiones no contributivas.
La presidenta del Instituto Mexicano de Finanzas Públicas, Alicia López, ha señalado en diversos foros que el actual modelo de gasto social “tiene un claro sesgo electoral”, privilegiando los beneficios inmediatos sobre las inversiones a largo plazo. El propio informe del CEFP advierte que la edad mínima para recibir la pensión se ha recorrido hacia abajo, lo que “responde más a intereses políticos que a criterios demográficos o financieros”.
En esta línea, destaca también la creación del nuevo programa “Pensión Mujeres Bienestar”, que contará con 15 mil millones de pesos y está enfocado en mujeres de 60 a 64 años. Aunque se reconoce la necesidad de atender a este sector, el anuncio se da en el contexto de un año electoral, lo que levanta suspicacias sobre el uso del erario con fines partidistas.
El costo de oportunidad de esta expansión del gasto asistencial es visible: servicios esenciales para la ciudadanía están siendo recortados. Áreas como salud, educación, cuidados y programas para la primera infancia enfrentan reducciones de entre 1.5% y 10% en el proyecto de presupuesto para 2025. Y esto, paradójicamente, afecta a las mismas comunidades vulnerables que supuestamente se busca proteger.
En paralelo, el gobierno ha decidido congelar la edad de retiro del magisterio, en un aparente acuerdo con la CNTE. Esta decisión implica un gasto extra de 80 mil millones de pesos.
La pregunta de fondo se mantiene: ¿cómo se financia todo esto? La respuesta es sencilla y preocupante: con deuda. El crecimiento económico no está a la par del crecimiento del gasto. De hecho, se inhibe la inversión pública, especialmente la destinada a infraestructura, innovación o desarrollo regional, lo cual compromete el potencial económico del país a largo plazo.
El modelo actual, como señalan diversos economistas, vive del aplauso inmediato, pero hipotecando el porvenir. Los beneficios no contributivos pueden ser justos, sí, pero requieren sostenibilidad, equidad y eficiencia. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en lo que ya muchos temen: una trampa fiscal y una herramienta electoral disfrazada de política social.
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