INE sanciona a partidos políticos con más de 32 millones de pesos por adeudos fiscales desde 2014
Durante una sesión extraordinaria, la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, explicó que las sanciones derivan de una auditoría ordenada en febrero de 2024, tras detectarse omisiones e inconsistencias en los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio fiscal de 2023. El procedimiento reveló adeudos fiscales vigentes desde hace más de una década, tras la creación del actual INE y la nacionalización de la fiscalización electoral.
“Tenían pendientes desde la constitución de este instituto en 2014, cuando se nacionalizó la fiscalización y, hasta este año, el INE y los sujetos obligados están resolviendo este tema”, detalló Humphrey Jordan.
La auditoría abarcó 315 partidos políticos con registro vigente en 2023, incluyendo siete partidos nacionales, 224 con acreditación local y 84 partidos locales. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) solicitó información al SAT, IMSS, INFONAVIT y a las secretarías de Finanzas estatales, con el fin de cotejar los saldos pendientes con lo declarado por los partidos en el Sistema Integral de Fiscalización.
El proceso permitió identificar pagos no registrados, saldos no enterados y discrepancias fiscales, lo cual generó sanciones conforme al Reglamento de Fiscalización y demás disposiciones aplicables. Entre los hallazgos, también se detectaron casos de aportaciones de origen prohibido.
En el caso específico del Partido Acción Nacional (PAN), la consejera electoral informó sobre una corrección en el monto de la sanción, aclarando que si bien inicialmente se notificó una multa de dos millones de pesos, se trató de un error de transcripción y la cifra correcta es de 900 mil pesos.
Se prevé que en el cuarto trimestre de 2025, la UTF presente un informe sobre el cumplimiento de las sanciones impuestas y los pagos realizados por los partidos políticos involucrados.
Carla Humphrey enfatizó que el INE reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, destacando que este procedimiento especial contó con la colaboración de múltiples instituciones del país.
“Se trata de un procedimiento excepcional con reglas específicas y cuyos antecedentes son conocidos por todas y todos. Esta auditoría es una muestra clara de nuestra responsabilidad institucional”, concluyó.
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