Denuncian amenazas contra defensora ambiental en Oaxaca por oponerse a minera Cuzcatlán
Desde 2009, Natalia ha encabezado esfuerzos ciudadanos para frenar la expansión minera en la región, advirtiendo sobre los riesgos ambientales y sociales asociados al proyecto extractivo. Su activismo le ha valido múltiples amenazas, un intento de secuestro y un seguimiento constante por parte de desconocidos. “Lo más importante para mí es luchar por la salud y la vida de mi comunidad”, afirmó la regidora, quien ha documentado los impactos negativos que la actividad minera ha tenido en el entorno.
El conflicto se remonta a 2006, cuando Fortuna Mining inició convenios con ejidatarios para instalar la mina de San José del Progreso. Natalia y otros habitantes se opusieron a la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), por considerar que abría la puerta a la privatización de tierras comunales. En 2009, la resistencia escaló con la ocupación de instalaciones de la minera, que terminó en un operativo policial violento y la posterior militarización del área.
Desde entonces, las tensiones no han cesado. Entre 2011 y 2016 se reportaron al menos cinco asesinatos relacionados con el conflicto, incluidos dos activistas, un regidor y dos presidentes municipales.
En octubre de 2018 se registró un derrame de jales mineros que contaminó el río Coyote, fuente cercana al pozo de agua potable de la comunidad. Natalia, entonces presidenta del Comité de Agua Potable, denunció los hechos ante la Profepa y la Defensoría de los Derechos Humanos. Estudios posteriores confirmaron la contaminación del agua, así como un aumento en enfermedades respiratorias, gastrointestinales y casos de hepatitis en al menos seis municipios aledaños. La mayoría de los enfermos eran menores de edad.
Pese a una orden judicial en 2023 que prohibía operaciones mineras que pusieran en riesgo el territorio, en septiembre de 2024 se reportó un segundo derrame, atribuido a la falta de cumplimiento por parte de la empresa.
Durante el proceso electoral de 2024, Natalia fue abordada por representantes de la empresa Cuzcatlán, quienes intentaron financiar su campaña a cambio de favores políticos. Ella rechazó la propuesta. Desde entonces, ha enfrentado violencia política por razón de género, amenazas de muerte y vigilancia constante, incluso en su domicilio.
En una mesa de diálogo con autoridades estatales, un funcionario municipal le advirtió que era vigilada por policías y que existían grabaciones suyas dentro de su casa. Otro funcionario, según su testimonio, la amenazó con asesinarla, como supuestamente ya lo había hecho con otros defensores.
“Mi familia es campesina. Me han inculcado el amor por la tierra y la vida. Hago un llamado a toda la población a que luchemos por preservar un medio ambiente sano, armónico y lleno de vida”, expresó.
La presencia de la minera ha polarizado profundamente a las comunidades. Mientras algunos habitantes han sido empleados por la empresa, otros han sufrido directamente los efectos de la contaminación. Organizaciones como Oxfam han definido al proyecto como “la mina que dividió a un pueblo”.
En 2021, Semarnat otorgó una ampliación del permiso de operación por 10 años, lo que ha generado nuevos temores, especialmente tras la confirmación de un acuerdo de compraventa con la empresa peruana JRC. Esto podría traducirse en una expansión hacia otras zonas como Magdalena Ocotlán, donde recientemente se descubrió un yacimiento de oro y plata.
El pasado 3 de julio, habitantes de Magdalena Ocotlán bloquearon la carretera Oaxaca–Puerto Ángel y tomaron el ayuntamiento en protesta por presuntos actos de corrupción, abuso de poder y omisión de las autoridades locales frente a los intereses mineros.
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