Congreso recibe iniciativa para combatir la extorsión como delito de alto impacto en todo el país
La propuesta legislativa plantea una modificación al artículo 73 de la Constitución Política, con el fin de otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión y establecer un plazo de 180 días para que se expida una Ley General contra la Extorsión.
En los argumentos de la iniciativa se señala que la extorsión debe ser considerada un delito de alto impacto por las graves consecuencias que genera para las víctimas, afectando tanto su integridad como su economía y tranquilidad.
La extorsión va en aumento
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan un alarmante incremento de este delito: de 18.89 extorsiones diarias en 2018 a 29.77 en 2025, lo que representa un aumento del 57.62% en seis años.
Las entidades con mayor incidencia de extorsión en sus distintas modalidades son el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, que en conjunto concentraron el 61.8% de las víctimas en 2024. Tan solo en enero de 2025, el Estado de México representó el 33.1% de los casos a nivel nacional.
Diferencias en sanciones según el estado
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la falta de uniformidad en la penalización del delito en distintas entidades. Mientras que a nivel federal se sanciona con penas de 2 a 8 años de prisión, en estados como Oaxaca la pena es de 1 a 3 años, y en Chihuahua puede alcanzar de 5 hasta 30 años de cárcel, lo que genera una evidente disparidad.
Estrategia nacional contra la extorsión
La iniciativa propone una estrategia nacional basada en tres ejes:
Prevención en los tres órdenes de gobierno
Colaboración institucional, priorizando el uso de tecnologías y sistemas de inteligencia
Definición clara de atribuciones para prevenir, investigar, perseguir y sancionar el delito
La propuesta será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación. De aprobarse, marcaría un paso importante hacia la homologación del marco legal y una respuesta más efectiva frente al crecimiento de la extorsión en el país.
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