Senado aprueba reforma contra lavado de dinero: mayor vigilancia, nuevas obligaciones y advertencias por acceso a datos personales
La propuesta modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita y el Código Penal Federal, y fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
La reforma amplÃa la lista de Actividades Vulnerables, integrando nuevos sectores como el desarrollo inmobiliario, fideicomisos, comercialización de criptomonedas, y servicios financieros no tradicionales. Todas estas actividades deberán ahora cumplir con estrictas normas de identificación de beneficiarios finales y presentar reportes de operaciones sospechosas, incluso si las transacciones no se concretan.
Además, notarios y corredores públicos deberán verificar la identidad de sus clientes, asegurarse de que la documentación esté actualizada y detectar posibles irregularidades.
El dictamen establece nuevas sanciones para quienes incumplan las obligaciones de prevención, incluyendo la revocación de permisos, multas y sanciones penales contra personas que funjan como prestanombres en operaciones ilÃcitas.
Durante la sesión, la senadora Claudia Anaya (PRI) lanzó una fuerte crÃtica contra la iniciativa, argumentando que la ley terminará afectando a ciudadanos comunes en lugar de a los verdaderos criminales financieros.
“Contra los peces gordos no van, van contra los ciudadanos. Si depositas 90 mil pesos en efectivo ya eres sospechoso. Esto va contra los trabajadores informales, contra la clase polÃtica, contra quien no actualice su padrón de proveedores”, advirtió.
Desde Morena, el senador Óscar Cantón defendió la reforma y la enmarcó dentro de la estrategia de la Cuarta Transformación:
“Que nadie se confunda, estamos ante un choque de dos modelos de paÃs: uno que protegÃa al crimen y otro, el nuestro, que lo combate con inteligencia y justicia social.”
La bancada oficialista recalcó que el objetivo es cumplir con estándares internacionales, en particular los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una de las disposiciones más polémicas es la incorporación de servidores públicos, legisladores, jueces, fiscales y policÃas a la lista de personas obligadas a reportar actividades sospechosas, bajo el concepto de “personas polÃticamente expuestas”. La SecretarÃa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá solicitar directamente información financiera y patrimonial sin necesidad de orden judicial.
Esta facultad también alcanzará a partidos polÃticos y sindicatos, quienes deberán notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cualquier operación sospechosa. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionará información a Hacienda sobre partidos, coaliciones y candidaturas.
La senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) advirtió sobre los peligros del exceso de control:
“Nos parece muy delicado que un ente de gobierno pueda tener acceso a datos personales e información financiera de todas y de todos los mexicanos con una simple solicitud.”
Finalmente, se formalizan mecanismos de colaboración entre la SHCP, la SecretarÃa de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, en un esfuerzo coordinado para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilÃcita, según explicó el senador de Morena, Javier Corral.
Con esta reforma, el Senado da un paso decisivo en la lucha contra el lavado de dinero, pero también abre un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos civiles. El debate continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde se prevé que la iniciativa genere nuevas tensiones.
No hay comentarios